Guatemala,
un país que le
da la espalda a
sus indígenas

El 16 de diciembre del año pasado, los cuerpos de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a orillas del río Yalwitz, cerca del proyecto hidroeléctrico San Andrés. Ambos se oponían a esta iniciativa en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, en el oeste de Guatemala.

Este proyecto, que incluye las represas de San Andrés y Pojom II, ha sido vinculado a una de las familias más ricas y poderosas del país, a la vez que ha recibido generosos fondos de bancos internacionales de desarrollo, a pesar de la amplia cobertura mediática que se le ha dado a las protestas locales en contra del desarrollo de este tipo de iniciativas.

Las comunidades aseguran que se trata de un proyecto que ha contaminado fuentes de agua y destruido cultivos y poblaciones de peces. Cada día es más compleja la situación para los defensores de la tierra y el medioambiente en el país centroamericano, pues quienes no son asesinados, son amenazados o incluso terminan en la cárcel.

Esta situación tiene sus orígenes en décadas pasadas. Luego de terminarse la guerra civil en 1996, que de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas, dejó un saldo final de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, y cerca de 100 mil desplazados, se pusieron en marcha nuevas políticas de integración económica que trajeron consigo el auge de inversión privada y extranjera.

Como resultado, extensas franjas de tierra fueron cedidas a empresas agrícolas, mineras e hidroeléctricas, iniciando una ola de desalojos forzosos y violentos, particularmente en las zonas indígenas.

Desde ese momento esta difícil realidad solo ha empeorado. Un informe conjunto realizado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), indica que los proyectos industriales son impuestos a las comunidades sin su consentimiento.

El informe precisa, además, que muchas de estas actividades ocurren en áreas remotas, donde no hay mucha presencia del Estado y son pocas las oportunidades para llamar la atención sobre los graves impactos que estos megaproyectos generan y donde las comunidades enfrentan un desequilibrio significativo de poder frente a las empresas y los actores privados.

Esto pone a los habitantes de estas zonas en una situación de indefensión frente a terceros, quienes tienen el poder de tomar decisiones; la mayoría de veces con el aval de las instituciones del Estado, pues, la cultura de la corrupción y la impunidad hace parte de los lineamientos bajo los cuales se permite el desarrollo de las mencionadas actividades industriales y económicas.

El presidente Jimmy Morales (quien antes trabajó como actor en comedias de televisión guatemaltecas) es acusado de haber recibido financiamiento ilícito en su campaña. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala quiso citarlo ante la justicia; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.

El tire y afloje entre la Comisión y el presidente Morales derivó en una serie de protestas y marchas de numerosos sectores y comunidades, entre ellas, las indígenas, debido a que el primer mandatario de este país quería evitar que la Comisión siguiera con las investigaciones.

Los hermanos Esteban Pedro no fueron los primeros en pagar un alto precio por oponerse al desarrollo hidroeléctrico en Guatemala. El movimiento indígena al que pertenecían, “Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis”, ha protagonizado numerosas protestas para reiterar su oposición a estos proyectos en tierras ancestrales.

Como resultado, sus miembros han sufrido durante años hostigamiento y ataques a manos de la policía, los militares y los guardias privados de seguridad de las empresas. "Tenemos miedo de ir a la policía a denunciar las amenazas que estamos recibiendo porque sabemos que existen órdenes de captura contra nosotros, y que la policía puede arrestarnos si lo desea", dijo Joel Raymundo, integrante del mencionado movimiento indígena.

En Guatemala, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente que se resisten a los desalojos forzosos, la apropiación de tierras y la contaminación causada por represas, minas y aceite de palma o plantaciones de azúcar, están siendo atacadas por fuerzas estatales y corporativas interesadas en silenciar las voces que desafían sus intereses.

Son familias poderosas las que están detrás de todos estos proyectos, convirtiéndose en un Goliat que con frecuencia ataca a todos aquellos David representados en los indígenas que no tienen a quién recurrir para tratar de proteger su territorio y el medioambiente.

El Estado no ha mostrado mucho interés en el tema. El año pasado el gobierno incumplió una reunión acordada por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, para establecer mesas de diálogo con líderes indígenas. La cancelación fue interpretada por la comunidad indígena como una negativa a reconocer sus preocupaciones.

Para quienes defienden el territorio y sus áreas ambientales, el gobierno ha sido cómplice en la estigmatización de las personas defensoras. En junio de 2018, el presidente Morales se refirió públicamente al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), reconocido por su lucha por los derechos territoriales, como una “organización criminal”. Una semana después, un miembro de Codeca fue asesinado en la ciudad sureña de Jalapa. Una muestra más del desequilibrio y la indefensión en la que se encuentran estas personas que están dispuestas a dar la vida por defender lo que les pertenece.