“La criminalización
del activismo
ambiental se lleva
a cabo de distintas
formas en
Colombia”

¿Se puede hablar en Colombia de una criminalización activismo ambiental?

F.C.: Sin duda. Y se lleva a cabo de distintas formas. De una parte, la estigmatización, la idea de que quien protesta es terrorista, aliado de la guerrilla, del gobierno de Venezuela, etc.; de otra parte, se han venido produciendo una serie de modificaciones para reducir el poder de decisión de las comunidades sobre su territorio, como las reformas que se han intentado para que las consultas populares no sean vinculantes; y, finalmente, está la judicialización de líderes sociales, que es quizá el fenómeno más selectivo y que menos llama la atención mediáticamente.

En este tercer punto, hay algo que que juega un papel bastante peligroso en Colombia, y es que muchas empresas transnacionales tienen convenios para financiar a la Fuerza Pública y a la Fiscalía, y luego terminan judicializados líderes sociales que protestan en su contra.

La liga contra el silencio acaba de publicar un extenso reportaje denunciando un caso así en el Meta. ¿Han conocido otros casos similares?

F.C.: Claro. Por ejemplo, en Casanare existe una multinacional, Frontera Energy, que tiene convenios con la Brigada 16 del Ejército, con el Fondo Rotatorio de la Policía y con la Fiscalía. Gracias a este, la Fiscalía abrió una oficina en el territorio que debería dedicarse a preservar que no haya atentados contra los oleoductos. Pero cuando comenzamos a analizar el resultado del convenio, resulta que en Casanare hoy hay 16 líderes sociales judicializados (ocho de los cuales están privados de la libertad) por actos de protesta contra esta multinacional.

Entonces, lo que ves es cómo la justicia termina siendo financiada por una empresa y al mismo tiempo está impulsando procesos judiciales contra los líderes que protestan contra la compañía. Con esto quiero decir que la criminalización en Colombia al liderazgo social existe, y está muy ligada a las luchas medioambientales. Y, peor aún: está permeada por unos intereses privados. No es para nada presentable en un país democrático que una empresa privada financie a la justicia y que esta actúe en contra de los líderes sociales que denuncian a la empresa.

¿Por qué le protestan los líderes judicializados a Frontera Energy?

F.C.: Solicitan la pavimentación de la vía que se ha venido deteriorando por el paso de vehículos pesados, y denuncian que esa empresa se comprometió a tener en este momento cerca de 200 hectáreas reforestadas, como compensación por el daño ambiental de la actividad de explotación petrolera. Pero, de momento, solo han reforestado 5,5 hectáreas. Y el hecho de que los líderes que están protestando contra eso terminen privados de la libertad a solicitud de un fiscal, con unas pruebas practicadas por la policía judicial, ambos financiados por esta empresa, deja bastante que desear.

¿De qué herramientas jurídicas se valen para judicializar a los defensores ambientales?

F.C.: Se valen de lo que los abogados llaman tipos penales en blanco. Es decir, delitos que permiten una interpretación tal que facilitan el juzgamiento de personas. Por ejemplo, el bloqueo de vías. Este delito lo que dice es que quien obstruya una vía pública y afecte el bienestar ciudadano pagará una condena de entre dos y cuatro años. ¿Qué ocurre con esto? Que hablar de afectar el bienestar ciudadano es bastante amplio. Le permite a los servidores públicos acomodar muchas cosas a esa supuesta afectación. En casos como el de San Luis de Palenque se llega al límite de que los fiscales impulsen procesos por concierto para delinquir.

¿Y ustedes están seguros de que en ese caso las personas están injustamente detenidas?

F.C.: Nosotros estamos convencidos de que estamos ante un caso de una detención arbitraria. De hecho el caso de San Luis de Palenque lo presentaremos en septiembre al grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas

¿Qué tan comunes son estos procesos de judicialización contra líderes ambientales?

F.C.: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos está elaborando un informe sobre eso ahora mismo y no tenemos una cifra consolidada, pero podemos mencionar algunos casos. Además de Casanare, hemos detectado este fenómeno en Cajamarca, Tolima, donde estaba la Anglogold Ashanti. Allá se hace una consulta popular y más del 90% de la población vota no al proyecto de explotación de la mina la Colosa, pero líderes que la promovieron han sido sindicalizados o han sido mostrados como personas aliadas del terrorismo.

En Cesar, 29 campesinos que están disputando la tierra de Bellacruz contra la palmicultora de Germán Efromovich fueron judicializados por supuestamente falsificar papeles para obtener reparaciones. En el suroccidente del país, contamos 11 personas. En Bogotá, el Congreso de los Pueblos tiene a uno de sus voceros nacionales, Julián Gil, privado de la libertad acusado de rebelión.

Yo me atrevería a decir que en la actualidad en Colombia, haciendo un repaso rápido tenemos unos 70 líderes sociales judicializados, en la mayoría por temas de la ruralidad y el medioambiente.

¿Y muchos están relacionados con convenios entre las multinacionales y las Fuerzas Armadas?

F.C.: Le puedo hablar de Casanare, que es el foco de nuestra investigación en el momento. En Casanare hay 14 convenios militares, que le han generado a la fiscalía solamente un total de 82.621 millones de pesos. De esos, nosotros ahora mismo le estamos haciendo seguimiento a dos donde opera esta figura de líderes judicializados. ¿Qué tan recurrente es? No estoy seguro. Sé que en el Meta hay otros convenios denunciados por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.

¿Esta situación de la criminalización ha empeorado en los últimos años?

F.C.: Desde el proceso de negociación se ha venido sintiendo un aumento de la protesta muy visible. Mucha más gente en lo rural está levantando su voz, y eso ha venido siendo reprimido casi que con la misma estrategia, tanto en el gobierno actual, como en el anterior. A nivel judicial, se han venido implementando varias medidas para hacerlo como la Ley de Seguridad Ciudadana de 2011, que revivió tipos penales que estaban en desuso, como la violencia contra el servidor público, la obstrucción de vías públicas y la obstrucción de medios de transporte, que son las que más se usan para judicializar líderes.

Luego crearon el Código de Policía, que también tiene multas con las que reprimen la protesta. Y, finalmente, en 2018 se sancionó la ley 1908 que amplió el plazo máximo por el que alguien puede estar en detención preventiva sin que haya una sentencia de un año a cuatro. Eso es algo muy grave que están padeciendo los líderes ambientales detenidos en este momento.

¿Qué tanto de estos casos contra líderes ambientales terminan en una sentencia?

F.C.: Muy pocos. Igual que los casos de protesta social. Generalmente, los jueces terminan detectando las irregularidades en los procesos y se caen. Pero eso igual tiene varias consecuencias. La primera, que apartaste a una persona inocente de su movimiento social. La segunda, que estigmatizaste su lucha y la debilitaste -que es quizás el interés más grande detrás-. Y la tercera, que este es un país donde aún existen actores armados peligrosos, y señalar a una persona de insurgente puede ser el argumento bajo el cual luego un grupo armado acabe asesinado a una líder o desplazándolo de su territorio.