“Me dicen
que soy el
criminal
más buscado”

¿Cómo un líder ambiental termina señalado por las autoridades colombianas de ser un criminal?

Carrión trabajó más de 23 años con diferentes petroleras en el departamento del Meta. Sabe muy bien cómo se hace una perforación y cómo cablear para hacer sísmica en ríos. Pasó la mitad de su vida trabajando sin descanso para llegar al cargo de supervisor. Fue cuñero, pintor, encuellador, perforador. Y mientras pasaba de un cargo a otro, fue testigo de cómo se secaban los humedales cercanos por donde pasaba la sísmica.

Se refiere a esa época de su vida como: “cegado por el dinero”. En silencio solo esperaba cada mes su paga. Un día el valor del petróleo cayó y la empresa para la que trabajaba lo despidió. Sin trabajo, sin dinero y sin agua supo que había llegado la hora de hablar.

“Veíamos como vertían agua contaminada a los ríos y nadie decía nada, porque como trabajamos para ellos, nos daba miedo quedarnos sin empleo. Así, Ecopetrol acabó con el acueducto comunitario Sabanas del Rosario que surtía agua a toda la comunidad. Estuvimos 90 días sin agua, porque rompieron una tubería que nunca la repararon. Pero eso no es todo, con la construcción de la estación de bombeo San Fernando desapareció 50% del agua del caño raizales. Todo eso pasaba mientras nosotros nos quedamos callados”,dice Carrión.

Sin embargo, frente a los señalamientos de Carrión, Ecopetrol afirma que en 2004 realizaron obras de construcción de un circuito de distribución de energía en esta zona sin que se hubiera reportado o hallado documentada alguna afectación a la tubería o estructura de conducción de agua. La empresa también agrega que este acueducto no está reconocido por el departamento. “No ha contado con permisos ambientales ni reconocimiento por parte de ente gubernamental alguno, que dé cuenta de la existencia de un sistema de acueducto veredal legalmente constituido, lo cual se ratifica con la comunicación 010071 del 5 de julio de 2018 donde Cormacarena reporta la situación de ilegalidad de la captación hídrica en comento”.

Y en relación a la disminución del agua de caño raizales, Ecopetrol afirma que: “Una parte del agua que conforma el este cuerpo de agua proviene de la escorrentía en superficie y drenaje subsuperficial del agua lluvia que no alcanza a infiltrarse en el suelo por la presencia de los sedimentos arcillosos que conforman el terreno. En la época seca la escorrentía disminuye reflejándose en la reducción de la corriente de agua que fluye hacia el cuerpo de agua, situación que no es atribuible a la construcción de infraestructura petrolera”.

Ante los que ha sido para Carrión una serie de atropellos, empezó a reunir a otros pobladores para convencerlos de denunciar a Ecopetrol. “Nosotros nunca nos opusimos a la extracción del petróleo, solo les exigimos que lo hagan bien. Pero, en ese momento, ellos respondieron con una masacre laboral. Despidieron a los que asistían a las reuniones y no los volvieron a contratar”.

Arrinconados, decidieron actuar. Carrión recuerda que desde 2014 ha convocado manifestaciones pacíficas en contra Ecopetrol en los municipios de Acacias, Guaimaral y la Castilla La Nueva. Y aunque en estas actividades han sido agredidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), Carrión reitera que jamás ha respondido con agresiones a los uniformados y tampoco ha atentado en contra de las instalaciones y funcionario de Ecopetrol.

Sin embargo, la Fiscalía EDA-Estructura de Apoyo a hidrocarburos- encargada de adelantar investigaciones por delitos como atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética, entre otros, presentó pruebas para llevar a la cárcel a Carrión y a otros 7 líderes sociales, ambientales y laborales por agredir a algunos policías, atentar contra las instalaciones de Ecopetrol, entre otras acciones llevadas a cabo en protestas en los municipios de Acacias y Castilla La Nueva entre 2016 hasta 2018.

Fue así como el 10 de septiembre de 2018 la policía tocó a la puerta de Carrión con una orden de captura. Aturdido escuchó una larga lista de cargos que le fueron imputados: concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas. De inmediato fue arrestado y llevado a la Séptima Brigada del Ejército de Villavicencio.

Los mismos cargos le fueron imputados a Sandra Patricia Ruíz Riaño, Flaminio Mendoza Bojacá, José Fernando Barbosa Corredor, Doris Sánchez Sánchez, Nidia Yaneth Muñoz Amaya y Jéssica Liliana Hernández Quevedo. Todos líderes sociales.

Permanecieron 16 días en la cárcel. Un juez municipal tumbó la medida de aseguramiento, ya que las pruebas que tiene la Fiscalía no vinculan directamente a los 8 líderes acusados. Y aunque la Fiscalía apeló, un juez reiteró esta decisión en segunda instancia.

Para la abogada de dos de los líderes capturados, Liria Manrique, quien ha manejado diferentes casos de líderes sociales, este en particular la sorprendió. “Vimos un arsenal de pruebas muy delicadas, sin embargo, la Fiscalía solo dijo que eran responsables por ser líderes, porque al representar a la comunidad tendrían que responder por los que se encapucharon e incendiaron las instalaciones de Ecopetrol. No tenían una mínima prueba para culparlos directamente”, asegura.

Pero, quizá lo más grave es que la legitimidad de este proceso está siendo cuestionada. Después de que Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio develaron en su investigación ‘Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía’ que EDA recibe dinero de Ecopetrol para adelantar dichas investigaciones, Manrique asegura que es muy claro que el proceso de judicialización está viciado. “Es clarísimo que Ecopetrol está usando a EDA para perseguir a los líderes de la zona. Los investigación de Rutas del Conflicto y la Liga lo demuestra a través de los convenios”, dice Manrique.

Frente a esa grave acusación, Ecopetrol dijo que “niega las acusaciones elevadas por el señor Carrión y su abogada Liria Manrique, pues como se puede evidenciar el objeto del Convenio Marco de Cooperación No. 3011412 suscrito entre Ecopetrol y la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional el 20 de diciembre de 2017, este consiste en aunar esfuerzos entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional a través de las Estructuras de Apoyo (EDA’S) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, adoptando principalmente criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización, en la represión de las conductas delictuales que afectan a Ecopetrol, su grupo empresarial y asociadas, que corresponden a los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, terrorismo ejecutados contra infraestructura petrolera e instalaciones de la industria, obstrucción de las vías públicas, secuestro, extorsión, hurto de bienes, lavado de activos, vías de hecho durante protestas sociales que afecten la adecuada operación de la industria petrolera, en las zonas que comprenden el presente convenio”.

Para Ecopetrol esta gestión judicial está motivada por varias razones, una de ellas es “la constante manipulación a los habitantes de las zonas referidas, por parte de grupos al margen de la ley para obstaculizar las operaciones de la empresa y los sistemas de transporte”.

La abogada también denuncia que ahora la Fiscalía está imputando delitos que son competencia de la justicia especializada para estigmatizar y para atemorizar a los líderes: “La Fiscalía quiere acabar el concepto de líder social, porque está diciendo que son criminales. Ya no imputa delitos proporcionales a la protesta, por ejemplo obstrucción de vías, sino que les atribuye delitos como terrorismo, porque estos son de competencia de la justicia especializada que juzga terroristas y bandas criminales. Así es más fácil vender en el sistema internacional a un líder como criminal, que venderlo como un líder mártir asesinado”.

Lo que se asemeja mucho con el término criminalización y que aparece en el último informe de Global Witness para referirse a las herramientas legales “que se están implementando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo”. Una forma de intimidación que incluso se puede dar a través del lenguaje sutil al calificar a las personas defensoras como terroristas o criminales, fomentando que los ataques en su contra sean más probables y en apariencia legítimos.

A Carrión poco le preocupa lo que intenten hacer en su contra. Con desparpajo asegura que no le importa morir por defender su territorio. “Este show mediático nos dio más fuerzas para seguir denunciando. Incluso, me siento orgulloso, porque lo que he hecho sé que lo van a apreciar en el futuro”.

Pero su espíritu inquebrantable en estos momentos es escaso. El mensaje que envían este tipo de hechos termina atemorizando a muchos líderes. Marisol Parra, una lideresa ambiental que fue golpeada y detenida por la fuerza pública en 2017, durante unas protestas en la vereda Pío XII, del municipio Guamal, Meta, hoy teme volver a liderar cualquier proceso. “Marisol es una mujer que está a punto de ser judicializada, por algo que no hizo. Con ella no puedes cruzar más de tres palabras porque llora, ella teme que la maten. Seguramente después de su audiencia se va a dedicar a su hogar, porque el mensaje de acallarla le llegó”, dice Manrique.

Carrión y los siete líderes tienen la segunda audiencia el 26 de agosto. Y aunque están seguros que saldrán libres, aseguran que el daño está hecho. Ahora sus nombres no están relacionados con el movimiento social, ahora para el Estado son criminales.