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En enero de 2018, ocho conservacionistas iraníes dedicados a estudiar y cuidar al guepardo asiático de la Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF) fueron acusados por su gobierno de espionaje. Para las autoridades iraníes era muy sospechoso que los científicos se dedicaran a cuidar animales salvajes, por lo que debía ser una fachada para recopilar información clasificada y vendérsela a Occidente.

“Las unidades de seguridad iraní parecen tener un sistema de valores diferente. No pueden entender por qué los activistas se preocupan tanto por el medioambiente y los animales", le dijo a Global Witness, Kaveh Madani, ex subjefe del Departamento de Medio Ambiente de Irán, un año después de ser encarcelado e interrogado por supuesto espionaje.

Hoy, los integrantes de PWHF siguen en prisión, salvo su cofundador, el reconocido académico Kavous Seyed-Emami, quien murió un mes después de haber pisado prisión. Las autoridades aseguraron que se había suicidado, pero la comunidad académica iraní y la familia del ambientalista han mostrado serias dudas sobre dicha versión.

En enero de 2018, ocho conservacionistas iraníes dedicados a estudiar y cuidar al guepardo asiático de la Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF) fueron acusados por su gobierno de espionaje. Para las autoridades iraníes era muy sospechoso que los científicos se dedicaran a cuidar animales salvajes, por lo que debía ser una fachada para recopilar información clasificada y vendérsela a Occidente.

Según Amnistía Internacional, docenas de activistas ambientales fueron arrestados en 2018 y al menos nueve murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas. Es común en Irán criminalizar la defensa del medioambiente apelando a delitos extraños o difusos como “corrupción de la tierra”, “incitación al odio” o “terrorismo”.

El de Seyed-Emami es uno de los casos más notorios de los abusos de parte del Estado a los que están sometidos los activistas ambientales en el mundo y que destaca el informe ¿Enemigos del Estado?, pero está lejos de ser un caso aislado. De los 164 asesinatos a líderes medioambientales en 2018, 40 fueron presuntamente a manos de agentes del Estado, según pudo identificar Global Witness.

La cifra es aún más grave si se tiene en cuenta que es el mismo número de asesinatos aparentemente cometidos por actores privados (sicarios, organizaciones criminales o terratenientes) y que en la mayoría de los casos no hay investigaciones ni indicios claros de quién fue el responsable.

Hubo sospechas de participación de agentes del Estado en asesinatos de líderes y manifestantes a favor del medioambiente en Camboya, Chile, Filipinas, Gambia, Honduras, India, Indonesia, Irán, Kenia y México.

En la mayoría de casos, se trata de exceso de uso de la fuerza. A veces, incluso por parte de las autoridades ambientales. En un hecho inexplicable el año pasado en Kenia, un grupo de guardias forestales financiados por la Unión Europea dispararon contra una comunidad indígena, asesinando a una persona, y quemaron sus casas, solo para desalojarlos de la reserva forestal en la que pastoreaban ilegalmente su ganado.

En el peor caso de asesinatos a manos de agentes del Estado, en India, la policía abrió fuego contra una manifestación social donde cientos de personas marcharon protestando por la contaminación causada por una fundidora de cobre. Al menos 22 personas resultaron heridas y 12 perdieron la vida en la llamada masacre de Thoothukudi.

Un hecho similar sucedió en enero en Honduras, cuando Ramón Fiallos, coordinador local del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, se manifestaba en el departamento de Atlántida contra el segundo periodo del presidente Juan Orlando Hernández y recibió un disparo mortal de la policía. Y en junio en Gambia, donde las fuerzas armadas mataron a tiros a tres personas que protestaban por los efectos nocivos de la extracción de arena en su comunidad.

“El auge de mandatarios populistas autoritarios en todo el mundo ha provocado una represión de la protesta, a menudo bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional o de combatir el terrorismo. Las implicaciones sociales y políticas de estos acontecimientos son generalmente nefastas a un nivel más amplio, y traen peligros específicos para las personas defensoras”, señala el informe.

En Filipinas, por ejemplo, el gobierno de Rodrigo Duterte ha desplegado una estrategia de estigmatización de los líderes sociales desde su posesión en 2016. En febrero de 2018, el Departamento de Justicia de este país emitió una lista de 461 nombres que el ejército clasificaba como terroristas y entre los que se encontraban reconocidos defensores de derechos civiles como Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre derechos indígenas de Naciones Unidas.

Esto, junto con la creciente militarización del país bajo la administración Duterte, especialmente en la región sur de Mindanao -en ley marcial desde mayo de 2017-, ha conducido a un creciente número de asesinatos extrajudiciales a manos de miembros del ejército o grupos paramilitares.

Este año, de los 30 defensores ambientales asesinados en Filipinas y reportados por Global Witness, al menos 14 eran miembros de asociaciones campesinas infundadamente asociadas por el Estado con la guerrilla comunista NPA.

Ante este escenario, Global Witness hace un llamado a los gobiernos para “apoyar a las personas defensoras y garantizar su seguridad, responsabilizando a los culpables cuando se produzcan ataques”. La celeridad de la justicia y la veeduría civil, especialmente cuando hay agentes del Estado presuntamente implicados, es una deuda pendiente.

Hace un año en Chile, una patrulla de carabineros disparó por la espalda a Camilo Catrillanca, un comunero mapuche. Los uniformados intentaron encubrir los hechos, pero videos del evento se acabaron filtrando a los medios. Eso causó indignación en todo el país y marchas civiles. La presión de la sociedad y los medios ha sido fundamental para llevar a cuatro funcionarios a prisión, acelerar el juicio, que sigue en marcha, y que las autoridades admitan su responsabilidad en la tragedia.

Esto es solo la punta del iceberg. Es muy probable que hayan habido muchos más casos auspiciados o directamente comandados por agentes estatales, tanto porque se desconociera el agresor como porque nunca se hizo público.

Tampoco es raro que muchas violaciones de derechos humanos queden veladas tras la institucionalidad. La criminalización del activismo ambiental podría estar invisibilizado ante los ojos de la prensa y la comunidad internacional. (Lea La criminalización, una forma de persecución y silencio).