Líderes ambientales

La
criminalización,
una forma de
persecución
y silencio

Textos: María José Peláez

Después de años de exponer la violencia y persecución a la que son sometidos muchos líderes ambientalistas, Global Witness decidió crear una nueva categoría en su informe 2018: la criminalización. Con ella, evidencia la cantidad de leyes y herramientas judiciales que se han creado para hacer pasar a los defensores de derechos humanos como delincuentes y criminales.

Por primera vez, Global Witness incluyó en su mapa mundial 2018 datos más allá de los asesinatos a los defensores de la tierra y el medioambiente. Según lo indica la organización, comenzaron a percibir que en algunos continentes, como en Europa u Oceanía, pueden no haber tantos casos de asesinatos, pero sí hay políticas y reformas a la ley que dificultan que la ciudadanía se oponga a proyectos destructivos. Por esa razón, la ONG introdujo el término criminalización, el cual utilizan para referirse a las herramientas legales “que se están implementando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo”.

Los gobiernos y las empresas recurren constantemente a los tribunales y a los sistemas judiciales para intimidar a quienes amenazan sus intereses económicos y lo hacen normalmente en zonas apartadas, rurales y selváticas en donde el foco mediático es mínimo. La paradoja, precisamente, es que para estas empresas es muy fácil acusar a los activistas de criminales, pero para los activistas es una tarea titánica recibir protección del Estado, incluso cuando hay pruebas de que sus vidas corren peligro constantemente.

Ahora, una dificultad recurrente en este tipo de informes consiste en que si las personas no denuncian los homicidios y la violencia, mucho menos van a denunciar las amenazas más sutiles o la manipulación del sistema judicial, pues sienten que atacar al Estado –el mismo destinado a defenderlos– no tendrá otro efecto más que el de aumentar las amenazas y el riesgo para sus familias.

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Indígenas de frontera

Incluso, la criminalización puede estar presente de maneras más intangibles como el uso del lenguaje, como cuando se trata de “una retórica incendiaria, que califica a las personas defensoras como terroristas o criminales de otro tipo, fomentando que los ataques en su contra sean más probables y en apariencia legítimos”.

La criminalización tiene diferentes formas de operar. La más simple es la de crear, reformar y reinterpretar las leyes para ilegalizar actividades legítimas, convirtiendo en criminales a quienes las realizan, según expresaron los investigadores.

Por supuesto, esas batallas legales al final terminan siendo más dignas de los tribunales kafkianos que de los esperables en una democracia. Pues, normalmente, los “ejércitos de abogados bien pagos” se enfrentan a campesinos, líderes indígenas o activistas de comunidades lejanas que tienen poca educación formal o dinero para conseguir una buena defensa. Así que una vez acusados es difícil que puedan desprenderse de la estigmatización.

A pesar de que es complicado medir el impacto y las repercusiones que ha tenido la criminalización en el mundo, Freedom House asegura que 2018 es uno de los años en los que más se han reducido las libertades globales y en el que la democracia más en peligro ha estado en la última década.

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Indígenas de frontera
Las cinco etapas de la criminalización

Según expone el documento de Global Witness los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra los defensores de la tierra y el medioambiente. Por eso, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, afirma que la criminalización de los ecologistas y activistas tiende a incluir al menos uno de los cinco elementos de esta lista.

1. Campañas de desprestigio: difamar en redes sociales a los defensores para hacerlos pasar por miembros de pandillas, guerrillas, terroristas y, finalmente, hacer creer a la comunidad que son una amenaza para la seguridad nacional. Estas campañas están normalmente inscritas en un discurso de odio, racismo y discriminación.

2. Cargos criminales: los ecologistas suelen ser acusados de vagos, de perturbar el orden público, usurpar, invadir, conspirar e instigar a cometer delitos. Bajo estas etiquetas el Estado puede proceder a su arresto y en algunos países, como Irán, incluso a su ejecución.

3. Órdenes de captura: las órdenes se emiten de forma reiterada y arbitraria. A veces, según el reporte de Naciones Unidas, las denuncias no se hacen individualmente sino que terminan en el señalamiento de comunidades enteras. Como no hay seguimiento de estos hechos ni medios que los visibilicen, a muchos de ellos no se les resuelve su caso nunca, por lo que los arrestan indefinidamente.

4. Procesos con irregularidades: los defensores de la tierra y medioambiente pocas veces pueden pagar o tener acceso a asesoría legal o intérpretes, por lo que normalmente no los compensan, incluso cuando los absuelven de sus cargos. Esto crea un círculo, en el que tanto ellos como sus comunidades son tratados como culpables sin serlo.

5. Criminalización masiva: “las organizaciones defensoras son víctimas de vigilancia ilegal, allanamientos y hackeos, que les imponen requisitos de inscripción y controles sobre el financiamiento que reciben, lo cual las debilita, a ellas y a su base de apoyo”. Finalmente, los que se aventuran a defenderlas, como abogados y demás miembros de la sociedad civil, corren el riesgo de ser atacados físicamente, encarcelados o asesinados.

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Si algo quiere dejar claro la criminalización de los líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos es que su lucha es de altísimo riesgo. Con ello el Estado y las empresas de extracción de recursos naturales logran que muchas personas cedan a las presiones y abandonen sus denuncias, pues temen por su seguridad, la de sus familias e, incluso, la de comunidades enteras.

La criminalización es una forma de silencio y persecución más difícil de rastrear y atacar que otras formas, sin embargo, está presente en casi todos los casos revelados por el informe y es constante en casi todos los testimonios de quienes día a día luchan por contrarrestar la emergencia climática y la usurpación de la tierra.