Indígenas
de frontera

En la mirada inocente de los niños y niñas yukpa todavía hay esperanza. Ellos juegan, ríen y saltan pese a las dificultades de su pueblo. Sin embargo, los ojos de los adultos reflejan algo distinto: impotencia, rabia y dolor por las condiciones en que viven, por la falta de tierras, por el hambre que padecen, por la deforestación y el desvío de ríos. Pero sobre todo por la indiferencia del Estado.

El pasado y el presente de los indígenas yukpa tienen tintes lúgubres. Los niños y niñas presentan altos índices de desnutrición y baja escolaridad; pocos adultos superan los 65 años. Según el Censo de 2005, en el país viven 4.761 yukpa, repartidos en seis resguardos ubicados en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril en el departamento del Cesar, Caribe colombiano, que suman 34.064 hectáreas.

En estos territorios se encuentran varias zonas de reservas con ecosistemas frágiles; pero la mayoría de la población yukpa vive hacinada en la parte alta de la serranía del Perijá, donde la tierra es más árida e infértil. Además, campesinos o colonos, como ellos los llaman, ocupan buena parte de estas tierras. Los ríos en los que pescaban sus ancestros están contaminados, algunos casi secos, y los peces escasean por la falta de oxígeno. Y los predios de los palmicultores han desviado los pocos afluentes que sobreviven. El futuro para ellos es desolador.

Semana Sostenible y Mongabay Latam visitaron los resguardos Iroka (que tiene 8.678 hectáreas de tierra y más de 3.000 habitantes) y Sokorpa (de 25.000 hectáreas y 1.362 personas), para conocer de primera mano los problemas que atraviesan los yukpa. Ese pueblo transfronterizo con Venezuela que sufre los rigores de muchas comunidades en zonas limítrofes olvidadas por los gobiernos local, regional y nacional.

El pueblo yukpa es seminómada, recolector, cazador, pescador y agricultor, y vive de lo que la naturaleza le provee. Antes de la llegada de los españoles, su territorio ancestral se extendía desde la franja occidental del río Cesar, en Colombia, hasta la parte oriental del lago Maracaibo, en Venezuela. Pero poco a poco perdieron sus tierras por el avance de la colonización del hombre blanco.

Luego de superar la tragedia de la conquista española, los yukpa vivieron un periodo de calma hasta finales de la década de los cuarenta. En medio de la violencia bipartidista colombiana, la colonización de su territorio ancestral renació, esta vez por personas que huían del conflicto político de esos años o por las políticas de ampliación de la frontera agraria llevadas a cabo por el Estado.

En ese contexto aumentó el despojo de tierras a los yukpa: “La migración no tuvo en cuenta nuestra cultura y ocupación de territorios, muchos de estos eran manejados por la Iglesia católica, que los cedió a privados; otros fueron concebidos por el Estado como baldíos y titulados a otras personas. Nuestros ancestros fueron engañados: les cambiaban tierras por grabadoras o burros. Ellos no tenían la concepción de propiedad del mundo occidental y así fuimos perdiendo la parte plana, el valle”, cuenta Javier Clavijo, coordinador territorial del resguardo Iroka.

A finales de la década de los sesenta llegó la bonanza algodonera y el municipio de Agustín Codazzi se convirtió en la ciudad blanca de Colombia. Pero ese auge afectó profundamente a los yukpa. La ampliación de las tierras dedicadas al algodón los hizo migrar a partes más altas de la serranía. “Desde ese momento y en adelante ya no podíamos cazar o pescar en predios que otros consideran privados, en muchos lugares nos sacaban a bala y el Estado nunca hizo nada por proteger nuestra cultura o forma de vida”, dijo Luis Uribe, del resguardo de Sokorpa.

La situación se complicó con la bonanza marimbera de los años setenta, la cual causó una nueva migración de personas que vieron en los cultivos de marihuana una forma rápida de obtener riquezas. Esta vez la migración llegó acompañada de un alto grado de violencia, nunca antes visto en la región, ocasionado por el control de rutas de la planta. En la serranía del Perijá aparecieron los cultivos de amapola y coca, que desplazaron aún más a los yukpa. Décadas después el gobierno, en su lucha contra las drogas, optó por la aspersión del glifosato y los yukpa terminaron bañados por este herbicida.

Año tras año, el número de actores armados creció, al igual que el de los muertos. A finales de los años ochenta, el frente 41 de las Farc ocupó gran parte de la serranía del Perijá, así como el ELN con el frente Camilo Torres. A finales de los años noventa llegaron los paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del bloque Norte. En esa guerra fratricida por el control del territorio los yukpas sufrieron el desplazamiento, el asesinato y la desaparición de varios de sus miembros.

La comunidad de la Frontera, una de las siete zonas del resguardo Iroka, cerca de donde ahora está el Batallón de Alta Montaña de la Serranía del Perijá, vivió de forma cruenta esta guerra en la que también participaron las Fuerzas Militares. “Mis hermanos Nelson y Jaime, quien solo tenía 12 años, fueron a pescar en 2004 y nunca volvieron. El ejército pensó que eran guerrilleros, a pesar de que solo llevaban sus flechas, y los mataron. A Nelson lo llevaron al valle en helicóptero y Jaime, el menor, nunca apareció. Caminamos dos días entre las montañas buscándolos, fuimos a Venezuela hasta que nos dijeron que estaban muertos”, contó Ricardo Martínez, de 36 años.

La desmovilización de los paramilitares y el proceso de paz con las Farc no han mejorado la situación. El frente Camilo Torres del ELN, que domina el Catatumbo, el Perijá y la zona de frontera con Venezuela, amenaza con tomar posesión de estas tierras. Líderes indígenas como Javier Clavijo; el cabildo gobernador del resguardo Iroka, Alfredo Peña; y la cabildo gobernadora del resguardo Sokorpa, Esneda Saavedra, han sido amenazados.

Los problemas de salud en el pueblo yukpa forman parte de su diario vivir. Sufren con frecuencia afecciones gastrointestinales, cutáneas, respiratorias, abortos espontáneos, malformaciones y desnutrición. En la comunidad de la Frontera sorprende la cantidad de niños y jóvenes con labio leporino o paladar hendido. Para ellos, estas desgracias se deben a las fumigaciones con glifosato hechas años atrás: “Cada 15 días nos bañaban con ese químico que dañaba nuestra tierra para cultivar y nuestra salud. Hay una gran cantidad de niños con labio leporino y paladar hendido, como consecuencia de las fumigaciones”, dijo José Manuel García del resguardo Iroka.

No hay trabajos determinantes que concluyan que el glifosato causa este tipo de malformaciones. Sin embargo, el estudio ‘Factores ambientales asociados con labio o paladar hendido no sindrómico en una población del Magdalena Medio colombiano’, realizado por investigadores de la Universidad Santo Tomás y publicado en la Revista UstaSalud en 2014, afirma que hay “datos que apuntan contundentemente a una asociación clara entre la exposición al glifosato y la creciente aparición de malformaciones al nacer”.

El aislamiento al que han confinado a los yukpa ha afectado su calidad vida. Replegados en lo alto de las montañas y sin acceso a tierras y agua, sobreviven con la escasa siembra de frijol, maíz cariaco (semilla propia de los indígenas), yuca y malanga. Los casos de desnutrición en ambos resguardos están disparados, así como las muertes de niños y mujeres embarazadas. Según información de autoridades indígenas de Sokorpa, en lo corrido de este año han muerto por desnutrición cinco niños y tuvieron que llevar otros nueve a Valledupar para salvarlos.

Es probable que haya un subregistro de niños muertos por desnutrición y de muchas otras enfermedades, más que todo en los resguardos de Iroka y Sokorpa. En el primero, el 60 % no posee registro civil, por lo cual los decesos pasan desapercibidos y los entierran en la misma serranía.

Este aislamiento también les ha traído problemas para trasladar a sus enfermos a los centros urbanos. A la comunidad de Santa Rita, del resguardo Sokorpa, solo se puede llegar a pie o a lomo de mula entre peñascos, piedras y barro, en un trayecto de una hora y media, solo de ida. Llevan a las embarazadas o los enfermos en hamacas. En otras comunidades los trayectos pueden superar las 7 horas, pues se encuentran a más de 2.600 metros de altura.

Los yukpa han tenido en el papel pequeñas victorias en su lucha por recuperar el territorio, y buscan materializarlas. Empezando por la misma Constitución de 1991 que reconoce el carácter diverso y multicultural del país, o por el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional que determinó proteger a 36 pueblos indígenas (entre esos los Yukpa). Este alto tribunal consideró que ante los asesinatos sistemáticos y el desplazamiento sufrido por el conflicto interno, del cual eran ajenos, estaban en un proceso de exterminio físico y cultural. La Corte ordenó crear planes especiales de salvaguardia y desarrollar una política pública para atender estos pueblos. Pero hasta el día de hoy el Ministerio del Interior no la ha protocolizado, y afirma haber adelantado una serie de reuniones técnicas con las comunidades.

Por otra parte, la sentencia T-713 de 2017, también de la Corte Constitucional, entre otros apartes ordenó a la Agencia Nacional de Tierras “resolver las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yukpa”. Esa actuación debería culminar en el término máximo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia. En febrero se cumplió el plazo fijado por la Corte.

Frente a esto la Agencia Nacional de Tierras afirmó que actualmente adelantan las actuaciones administrativas para ampliar los territorios de los seis resguardos yukpa. Han realizado las visitas técnicas correspondientes y han incluido un programa de compra de predios liderado por la Dirección de Asuntos Étnicos, procesos que continuarán durante este año.

Para Esneda Saavedra, gobernadora del resguardo de Sokorpa, estos avances solo han quedado en el papel. “Nosotros como pueblo yukpa sí le hemos apostado a la paz, pero a nosotros nunca nos tuvieron en cuenta. Pusieron una zona veredal en nuestro territorio ancestral sin un proceso de consulta previa. Además, al gobierno se le venció el plazo para ampliar y delimitar nuestro territorio y no ha comprado los terrenos”. A este reclamo se suma la advertencia del cabildo gobernador del resguardo Iroka, Alfredo Peña: “Estamos cansados de los incumplimientos del gobierno, va a tocar buscar otra estrategia para ver si nos ponen atención. Si nos toca protestar, vamos a protestar; si nos toca poner los muertos, vamos a poner los muertos, lo que vivimos es una realidad y tenemos una necesidad de territorio”.

Más allá de acoger a los yukpa, la serranía del Perijá es también una frontera natural con el estado Zulia en Venezuela en sus más de 295 kilómetros que recorren parte de los departamentos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.

En las entrañas de la serranía varias trochas conectan a Colombia con el país vecino. Por esos caminos no solo circulan los pueblos indígenas binacionales, sino también el tráfico de gasolina, personas, ganado y hasta armas. Por estos senderos llegan yukpas venezolanos en situación de miseria, que buscan atención en el país. Pero los resguardos colombianos no aceptan a muchos y terminan en las calles de Codazzi, Becerril y Valledupar o regresados en buses a su país.

“No tenemos tierra o comida para nosotros, cómo vamos a hacer para atender a los yukpas venezolanos. Además, a muchos jóvenes de allá les dañaron la cabeza: no piensan como yukpas, quieren vivir durmiendo y que les den todo. Otros trabajan con el ELN escoltando ganado; por estos caminos entró la aftosa, una enfermedad que contagió a miles de cabezas de ganado, dejándolos sin posibilidad de usar su carne o leche. La situación que se vive acá es igual o peor que la de Venezuela y nadie nos atiende”, concluyó Clavijo.

Bosques húmedos, secos y páramos adornan la serranía del Perijá, aunque cada vez menos. En las partes altas aparecen con frecuencia los parches negros y las columnas de humo producto de la quema indiscriminada de los bosques. La montaña ya no huele a cedro o caracolí, sino a ceniza.

Para este trabajo no hay descanso: hasta los domingos campesinos con bidones de gasolina queman sin control miles de hectáreas de bosques ante la indolente mirada de las autoridades ambientales. A esto se le suma que la construcción de carreteras o trochas en la parte alta de la serranía ha afectado los nacederos de los ríos que alimentan a Agustín Codazzi, Becerril y otras poblaciones.

"Nosotros somos la autoridad encargada de poner sanciones ambientales desafortunadamente lo más difícil es probar un incendio, todo el mundo acusa pero nadie denuncia o sirve de testigo. Por otra parte nadie en el país puede desviar un río y nosotros ya iniciamos procesos sancionatorios por mayor captación de agua contra los palmicultores que realizan estas actividades", informó Julio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).

Ríos como el Sicarare o el Casacará terminan desviados hacia plantaciones de palma de aceite. La poca agua que sigue su caudal normal baja contaminada de agroquímicos o es succionada con motobombas hacia fincas. Orlando Rangel, biólogo y profesor titular del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, explica las consecuencias de estas acciones: “Los desvíos a los cultivos de palma alteran el ciclo del agua, eso trae consecuencias para los ecosistemas y para la atmósfera; el agua que debe subir se está consumiendo toda. En el Perijá habitan más de 260 especies, de las cuales 10 % son endémicas y están en grave riesgo”. Por esta situación los yukpa no tienen acceso a agua y a la pesca.

Multinacionales carboníferas también han desviado afluentes como el Maracas o el Sororia, o los han usado como canteras de extracción de material. En el Cesar extraen 60 % de la producción nacional de carbón, principalmente en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril y Agustín Codazzi, en territorios ancestrales yukpa. Aunque en 2016 las exportaciones del departamento alcanzaron las 90 millones de toneladas y generaron miles de millones en regalías, los indígenas yukpa dicen no haber recibido un solo peso. Por el contrario aseguran verse afectados por la situación crítica en la que se encuentran los ríos.

“Es incomprensible la alteración que realizan a la naturaleza. En su afán de riqueza, no piensan en lo que les van a dejar a sus hijos o nietos; van a vivir en una tierra acabada. En 2016 pescamos por última vez en el Maracas, y desde entonces los peces no volvieron a subir, en parte por la afectación minera”, concluyó Luis Ortiz, líder indígena de la comunidad de Santa Rita, en el resguardo de Sokorpa.

En 2019 el país celebra 200 años de independencia, pero los yukpa parecen vivir un año más de colonización y atropellos. Mientras esperan que el Estado cumpla sus promesas, los niños y niñas indígenas, a pesar de su situación, siguen con una mirada llena de esperanza.