La incesante
lucha de los Awá

Al igual que cientos de indígenas awás, Marina no ha podido sepultar a sus muertos para que descansen en paz. Según el coordinador binacional de derechos humanos de la Gran Familia Awá, Miguel Caicedo, cerca de 130 integrantes de esa comunidad, desde 1990 hasta hoy, han sido asesinados o se encuentran desaparecidos. “A muchos compañeros los reclutaron las Farc y nunca aparecieron. No tenemos una estadística exacta de cuántos fueron en total, pero, por ejemplo, en mi resguardo Pialapi-Pueblo Viejo, más de diez fueron enrolados y jamás regresaron”, afirma Caicedo; añade que el Ejército también habría cometido varios “falsos positivos”, que siguen sin esclarecerse.

Cada uno de los 25.813 habitantes del pueblo awá que, según el censo de 2005, viven en Colombia, al igual que los 5.242 pertenecientes a esta etnia en Ecuador, han sido afectados de una u otra forma por el conflicto armado. En cada una de las cuatro organizaciones en las que se distribuye esta comunidad hay heridas: pocas cerradas.

Tras soportar un largo proceso de desplazamiento y violencia, los indígenas han emprendido de a poco el retorno a su territorio, considerado por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés), como uno de los 24 hotspots que existen en el mundo por su biodiversidad, pero también por su alto grado de amenaza.

Mónica Orjuela, coordinadora para Colombia de CEPF, asegura que 70 % de la región que ocupaban los indígenas de esta etnia se ha perdido, y es indispensable proteger el 30 % restante. “La tierra donde viven los awás está ubicada en los Andes tropicales, y es el hábitat de especies clave y endémicas. Es fundamental para la conservación”, afirma la funcionaria de CEPF, fondo que en el país es coordinado por Patrimonio Natural.

Orjuela también considera que las mayores presiones sobre este territorio actualmente provienen de la minería, la expansión ganadera y el narcotráfico. Los hechos así lo corroboran. Después de seis años de calma, el miedo y las amenazas retornaron luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, en 2016. El territorio está de nuevo en juego y requiere salvaguardas.

Semana Sostenible visitó los resguardos Palmar, Pialapi- Pueblo Viejo (Reserva Natural La Planada) y Chaguí Chimbuza (cabildo Vegas), en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, para conocer las problemáticas que afronta este pueblo fronterizo y la manera como han logrado resistir los embates de la guerra.

El despojo de tierra del pueblo awá comenzó desde la conquista. Los españoles, en 1524, establecieron en la bahía de Tumaco un centro de abastecimiento de provisiones y un taller para reparar sus embarcaciones. Para ese entonces existían varios grupos étnicos dispersos, con rasgos culturales similares, asentados en esa población. Los conquistadores los llamaron barbacoas, por el estilo de sus viviendas. Se trataba de los awás, que estaban organizados en cuatro grupos y cuyas denominaciones fueron dadas por los ríos de los territorios que cada uno habitaba: Sindaguas, Telembíes, Barbacoas e Iscuandés.

Los españoles, al percatarse de la gran cantidad de oro que existía en esa región, instalaron explotaciones de este mineral en las playas del río Telembí, situación que provocó el inicio del desplazamiento de los indígenas desde su territorio ancestral hacia la parte alta de la selva.

Las migraciones de esa etnia empezaron a registrarse entonces en diferentes épocas y motivadas por distintos eventos. La apertura del camino entre el valle del Patía (Cauca), Túquerres y Barbacoas atravesaba su territorio y fue otra razón para su éxodo hacia zonas de Nariño y Putumayo. A partir de ese momento empezó la colonización de las tierras aledañas a la vía.

El desplazamiento continuó con la construcción del ferrocarril a Tumaco en 1930, así como de la carretera Pasto-El Diviso en 1950 y del oleoducto transandino en 1970. Pero fue la guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, la que provocó la mayor salida de los awás hacia el piedemonte amazónico de Ecuador, sobre las cuencas de los ríos San Juan y Mira, pues a la región arribaron cientos de personas que huían del conflicto bipartidista.

Los factores determinantes para que los awás se refugiaran en el interior de los bosques para salvarse del exterminio fueron la compra de tierras hecha por los empresarios de la palma africana, debido a las políticas de ampliación de la frontera agraria avaladas por el Estado en la década de los cuarenta; la instalación de proyectos petroleros y mineros; así como la bonanza del cultivo de coca en la década de los setenta. Su inmersión en el corazón de la selva determinó su nombre: inkal awá, que en lengua nativa awapit significa “gente de la montaña”.

Luego vino el narcotráfico, fenómeno que se convirtió en la estocada final para que este pueblo indígena migrara aún más y se desintegrara. A finales de los años ochenta, el ELN se instaló en el territorio awá de Nariño por su ubicación estratégica, al ser este un corredor que tenía salida al océano Pacífico y permitía la comunicación con Ecuador y Putumayo.

Hacia 2002, las Farc sacaron al ELN e ingresaron al territorio. El conflicto armado se recrudeció por cuenta de los combates con el Ejército, y el establecimiento de grupos paramilitares como los Rastrojos y otras bandas criminales. “El desplazamiento forzado regresa, comienza nuevamente el asesinato de compañeros, el reclutamiento, los bombardeos, la fumigación con glifosato y la desaparición de indígenas; pero lo más preocupante, la instalación de minas antipersonal para limitar el acceso de la fuerza pública”, comentó Caicedo.

El coordinador binacional de Derechos Humanos explica que, a partir de entonces, ya no podían transitar libremente por el territorio. “Les decían a las comunidades que solo podían movilizarse de seis de la mañana a seis de la tarde; de lo contrario, podrían caer en campos minados”, expresa.

El coordinador binacional de Derechos Humanos explica que, a partir de entonces, ya no podían transitar libremente por el territorio. “Les decían a las comunidades que solo podían movilizarse de seis de la mañana a seis de la tarde; de lo contrario, podrían caer en campos minados”, expresa.

Sin embargo, las tres masacres registradas en 2009, en los resguardos y cabildos de Tortugaña Telembí, Gran Rosario y Ñambí-Piedra Verde, que dejaron un saldo de más de 40 personas muertas, encendieron las alertas y sacaron del anonimato histórico a esta comunidad, que en los últimos 18 años ha visto caer a más de 2.000 indígenas, según datos de la organización del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari).

Con el proceso de paz, la guerra les dio una tregua. “Desde 2011 hasta finales de 2016, logramos vivir tranquilos, pues las Farc cesaron sus actividades en la región”, manifiesta Caicedo.

Durante ese periodo la esperanza renació. Los awás pudieron reactivar sus territorios, a partir de la implementación de procesos de desminado, así como del impulso al ecoturismo. Adelantaron, también, la recuperación de varias de sus tierras ancestrales, la declaratoria de nuevas áreas protegidas y el fortalecimiento de la guardia indígena.

Pero el panorama cambió en 2017. Tras la salida de las Farc, volvieron las amenazas y los asesinatos de los líderes y gobernadores de esta comunidad.

“Se dice que en la región de Ricaurte hacen presencia ahora las disidencias de las Farc, con el frente Oliver Sinisterra, al igual que el ELN, grupos paramilitares como las Águilas Negras y bandas al servicio del narcotráfico como los Marihuanos”, apunta Caicedo.

Producto de la presión que vienen ejerciendo las Fuerzas Militares en Tumaco y la costa Pacífica, estos grupos al margen de la ley han ido trasladándose hacia el piedemonte, afectando el territorio awá. Tras años de lucha, finalmente, se pudo establecer en el suroccidente de Colombia, el noroccidente de Ecuador y el piedemonte amazónico, en una extensión aproximada de 516.513 hectáreas, de las cuales 386.829 están en Colombia (Nariño y Putumayo) y 129.684, en Ecuador (provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos).

“Nosotros nos opusimos a la instalación de un cristalizadero de procesamiento de coca en el resguardo en 2017, y eso nos trajo la amenaza a varios integrantes de nuestra comunidad. Las presiones de los grupos ilegales nos costaron el asesinato de dos de nuestros líderes, el 2 de diciembre de 2018. Se trataba del mayor Héctor Ramiro García, líder y fundador de la organización Camawari, y su hijo Arturo García, quién había sido elegido como gobernador del resguardo para 2019. En el hecho resultaron heridos, además, otros cuatro compañeros”, explica Diego Guanga, integrante del resguardo Palmar-Imbi, quien, como otros de sus pares, cuenta con un esquema de protección asignado por el Ministerio del Interior.

La unidad, la cultura, la autonomía y el territorio son los cuatro principios ancestrales por los que se rige el pueblo awá. Sin este último los otros tres no existirían. “Lo más importante para nosotros es el territorio y, por eso, lo hacemos respetar. Creemos que este genera la vida de todas las especies y los espíritus. En el territorio está la sabiduría, sin este no somos nada”, señala Silvio Hernández, integrante del cabildo Guadual, en el resguardo Magüí.

Su cosmovisión lo ratifica. Para esta comunidad indígena existen cuatro mundos interconectados entre sí, y creen que si algo malo sucede en alguno, esto tendrá repercusiones en los otros.

Su filosofía se orienta a conservar el territorio y protegerlo para poder continuar con un buen vivir dentro de su katza (territorio grande).

“No talamos bosques exageradamente, no contaminamos, no intervenimos lugares sagrados como los sitios donde nace el agua, no maltratamos la tierra. Todo debe ser controlado”, afirma Orlando Acosta, integrante del resguardo Magüí.

En este rol, la guardia indígena ha jugado un papel determinante. Su fortalecimiento desde la escuela le ha permitido ejercer un mayor control social y territorial, pese a que esto implique arriesgar la vida de sus integrantes, y mucho más aún después de la medida que adoptaron algunos resguardos de impedir el ingreso de cualquier actor armado a su territorio, tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, en 2016.

Los mayores de esa etnia creen estar en la capacidad de garantizar la seguridad en sus tierras. Aseguran que no necesitan la intervención ni del Ejército.

“Es algo difícil de entender para muchos, pero nosotros optamos por vivir tranquilos. Hemos hecho mecanismos de diálogo diplomático, sin generar choques, para hacerles ver que acá existe una guardia unida, que está velando por el control y el bienestar de la gente. Simplemente les solicitamos el retiro y hasta ahora ha sido efectivo”, recalca Hernández, quien señala que también han tenido que capturar a integrantes de grupos que se niegan a marcharse.

Los awás viven prevenidos, y es entendible. En el pasado esa población indígena fue víctima tanto de los grupos armados ilegales –que los tildaban de informantes de la fuerza pública– como del Ejército –que los tachaba como guerrilleros–.

El empoderamiento de la guardia indígena ha sido posible gracias a iniciativas como la Sur Sostenible, a través de la cual el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Gobernación de Nariño, en el marco del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), invirtieron recursos para consolidar ese proceso.

“Su fortalecimiento en el resguardo de Pialapi-Pueblo Viejo les dará la oportunidad a las organizaciones de poder cuidar sus recursos, a partir de sus propias reglas”, afirma Ana Cristina Henríquez, integrante de la alianza Sur Sostenible. Esta iniciativa, además, impulsa, desde 2017, otros 57 proyectos comunitarios ambientales, que propenden por la conservación del recurso hídrico y el uso sostenible de la biodiversidad en 14 municipios de Nariño. “En el territorio awá también se firmaron convenios con comunidades de Vegas, Tortugaña, Telembí, Magüí y Palmar Imbi”, dice.

Los proyectos les han permitido a los indígenas de esta etnia recobrar la ilusión de poder vivir en paz y rescatar su cultura. La declaratoria de áreas comunitarias de conservación; la realización de planes de manejo de reservas naturales como La Planada; el impulso del aviturismo, a partir de la creación de rutas y la formación de guías; y la preservación de tradiciones con proyectos como el de mujeres tejedoras de igra, fibra extraída del árbol cosedera con el que las indígenas elaboran las mochilas ancestrales, han servido como bálsamo para una comunidad que no se rinde.

Mientras despega el turismo de naturaleza como alternativa de sustento, los awás continúan dedicados a la siembra de productos para el autoconsumo, como el maíz, la caña, el fríjol y el chiro o plátano, con el que preparan uno de sus platos típicos: la bala. Adicionalmente, pescan, crían animales y cazan controladamente dentro de su territorio, pues, de lo contrario, creen que podrían ser castigados por Astarón, el cuidador de la selva.

Desde 1986, durante el desarrollo del Primer Encuentro de Líderes Awá de Colombia y Ecuador, se viene gestando la idea de crear la Gran Familia Awá Binacional. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de esa población, impulsar el reconocimiento de la identidad propia, y garantizar los derechos dentro y fuera del territorio.

“Durante mucho tiempo nuestros mayores han estado impulsando este tema, porque somos una misma etnia que, por cuestiones del conflicto y la colonización, tuvimos que migrar hacia Ecuador y Putumayo”, asevera Pedro Luis Nastacuas, coordinador general de la Gran Familia Awá Binacional, quien señala que en cada resguardo hay un coordinador local.

La iniciativa ya fue presentada y viabilizada por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, que se encargará fortalecer su sistema de gobernanza territorial y apoyarlos en la construcción de sus estrategias de conservación, que incluyen caracterizaciones biológicas e inventario de especies en peligro de extinción en las nuevas áreas. Cada resguardo será el encargado de decidir qué áreas y qué cantidad de hectáreas protegerá.

“El pueblo awá, en su gran mayoría, tiene sus zonas de manejo especial, pero aún no han sido delimitadas. Esto es fundamental para establecer qué espacio se puede o no tocar, porque sabemos que la población va creciendo y, si no ponemos unos límites, podría ocurrir que se tumbe una parte estratégica del bosque y se pierda la biodiversidad”, comenta Jaime Caicedo Guanga, integrante de la Comisión de Paz del pueblo awá.

Más allá de conectar el territorio y construir el corredor biológico, los líderes de esta etnia buscan rescatar esas tradiciones que el conflicto armado y la colonización les arrebataron. Recuperar su lengua nativa awapit, rememorar su vestimenta ancestral, su música a base de marimbas, tambores y flautas, así como sus rituales, ceremonias, cosmovisión y divinidades como el Chutún (deidad maléfica del bosque), el duende y la vieja es el propósito.

Este proceso cuenta, además, con el respaldo de aliados estratégicos como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Fundación Altrópico, de Ecuador.

“Si no se llega a concretar el proyecto de la Gran Familia Awá Binacional, la tendencia de pérdida de biodiversidad en ese territorio se incrementará. En esa región existen varios títulos mineros otorgados para la fase exploratoria que pueden llegar a atentar contra estos ecosistemas”, afirma Mónica Orjuela, coordinadora para Colombia de CEPF.

La funcionaria explica que la zona que habitan los awás es una de las más biodiversas del mundo, pero también una de las más degradadas. “Es necesario priorizar su conservación, pues existen especies de flora y fauna únicas”, asevera. Solo en la Reserva Natural La Planada nacen 24 quebradas, y se han registrado alrededor de 300 variedades de orquídeas.

Un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) en 2016 demostró que los territorios indígenas reconocidos por los gobiernos, a partir de la titulación colectiva de tierras, desencadenan enormes beneficios ambientales para la conservación de los bosques, además de millones de dólares. Dato que fue corroborado por la Universidad de Cambridge, la Universidad de East Anglia y funcionarios del Ministerio de Ambiente de Perú: tras una investigación, se percataron de que las iniciativas de conservación que lideran grupos indígenas en el Amazonas peruano son más efectivas que las del gobierno, pues evitaban o disminuían la deforestación y la degradación del bosque.

En tanto el proyecto de la Gran Familia Awá Binacional se hace realidad, los más de 40.000 integrantes de este pueblo indígena continúan esperando que el Estado cumpla a cabalidad con los autos 004 de 2009 y 174 de 2011, de la Corte Constitucional, que establecieron que su comunidad estaba en grave riesgo de desaparecer, por lo cual necesitaban protección especial. “Los awás están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos”, profería uno de los autos. Si a esto se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno luego de la minga que esa comunidad organizó en 2016 en el corregimiento El Diviso, en Barbacoas, lo lógico es que, como doña Marina, sigan esperando respuestas.

“Los awás están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos”, profería uno de los autos. Si a esto se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno luego de la minga que esa comunidad organizó en 2016 en el corregimiento El Diviso, en Barbacoas, lo lógico es que, como doña Marina, sigan esperando respuestas.