Voladuras:
una cruda
arma de guerra

De un momento a otro el color aguamarina que caraterizaba el Pozo Azul comenzó a teñirse de negro. Un espeso líquido aceitoso invandió por completo este paradisíaco balneario natural. La catástrofe ambiental se hizo evidente. El atentado realizado al oleoducto Caño Limón-Coveñas (OCC), en las veredas Guachimán y El Seis, en el municipio de Tibú (Norte de Santander) volvió a impactar a la naturaleza, esa víctima, que indefensa, simplemente soporta en silencio.

Las consecuencias: contaminación de los ríos Tibucito y Tibú, así como de Caño Cinco y Samanes; 36.000 habitantes de Tibú afectados por no poder acceder al agua potable, y decenas de animales, entre peces, mamíferos, anfibios y reptiles en riesgo.

Con once carrotanques, Ecopetrol y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ha intentado alivianar la emergencia, abasteciendo de agua a la ciudadanía. El impacto medioambiental, entre tanto, se ha ido mitigando con la instalación de líneas de barreras con las que se busca contener la mancha del hidrocarburo. Más de 130 personas han venido trabajando desde el pasado 13 de abril en la atención de la emergencia y en la recuperación del crudo.

Pero este no ha sido el único atentado que el medio ambiente ha sufrido. Desde la entrada en operación, hace 33 años, el OCC ha sido volado más de 1.500 veces, situación que ha generado el derrame de aproximadamente 3,7 millones de barriles de petróleo en suelos, quebradas y ríos de los siete departamentos que atraviesa esta estructura (Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre).

En total, seis trabajadores de Ecopetrol han perdido la vida y dos han resultado heridos por la activación de minas antipersonal o disparos de francotiradores al intentar arreglar la tubería.

Entre tanto, en los últimos 10 años, los cinco oleoductos para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país, han sido dinamitados en 1.019 ocasiones, siendo Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo las regiones más afectadas.

Cifra parecida a la que maneja la Asociación Colombiana de Petróleo que ha señalado que en las últimas tres décadas se han derramado 4,1 millones de barriles de crudo por ataques a la infraestructura petroera. Según esa entidad, entre 2002 y 2015, 9,3 millones de barriles fueron robados de los oleoductos del país, de los cuales 6,5 millones terminaron vertidos sobre ecosistemas naturales.

La ruptura de las tuberías produce en la vegetación una reducción en los procesos de transpiración, respiración, fotosíntesis y reproducción, al igual que graves impactos a los animales. A las aves que son alcanzadas por el hidrocarburo, por ejemplo, se les pega el crudo en las alas y no pueden volar. Esto conlleva a que no puedan conseguir alimento ni abrigo, por lo que sus vidas se ponen en riesgo.

De otro lado, a los mamíferos, el petróleo se les pega en la piel y puede llegar a su sistema circulatorio, a través de las mucosas, lo que les genera daños irreversibles. Sin embargo, estas afecciones también las pueden adquirir al ingerir alimento contaminado.

A los peces, el crudo les cubre la piel y las branquias, razón por la cual pueden morir por asfixia.

Las explosiones o incendios que se presentan cuando se atenta contra los ductos, ocasiona emisiones como material particulado, dióxido de carbono y nitrógeno que terminan reduciendo la calidad del aire y contaminando la atmósfera. De igual forma, en el agua el petróleo obstaculiza el paso de la luz solar necesaria para las cadenas de la fotosíntesis por parte del fitoplancton, y reduce la calidad físico-química del afluente al disminuir su nivel de oxígeno. Este último factor representa un riesgo para algunas especies presentes en el cuerpo de agua.

En el 2018, los ataques contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas afectaron más de 65.000 metros cuadrados de suelo y cerca de 40.500 metros de cuerpos de agua. En el periodo comprendido entre 2009 y 2017, el 2013 fue el año en el que se registraron más derrames a los ecosistemas, tras los 233 atentados que se produjeron, con cerca de 247.000 barriles regados.

Las voladuras también representan millonarias inversiones en cuanto a reparaciones. Desde el año 2009 hasta el 2017, Ecopetrol ha destinado un poco más de 251.000 millones de pesos para este tema. Solo el año pasado esa empresa invirtió 157.000 millones en este ítem y en 2019 la cifra ya asciende a un poco más de $25.000 millones.

Hace un mes, el 17 de enero de 2019, el país lamentaba el trágico desenlace del atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Hecho que puso fin a las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este suceso, sin embargo, no fue el detonante para que la violencia promovida por este grupo guerrillero se recrudeciera. Secuestros, hostigamientos y voladuras de oleoductos no han dejado de ser noticia, siendo los atentados a la infraestructura petrolera los que siguen ocupando con más frecuencia las primeras planas.

En lo que va de este año ya han sucedido 11 voladuras. Si la tendencia continúa estos ataques superarían los de 2018, que además del costo ambiental y social, generaron un gasto de más de cien mil millones de pesos en la restauración de la infraestructura y su entorno.

Pero, ¿por qué atacar los oleoductos?¿por qué por un lado manifestar un interés en la conservación del medioambiente y por otro realizar acciones que directamente lo impactan? De acuerdo con investigaciones de expertos, el petróleo ha sido una táctica de guerra de las guerrillas, sobre todo del ELN.

El ELN se involucró con el tema de la explotación petrolera desde su origen, bajo la coyuntura de las huelgas de 1963. Los integrantes del grupo guerrillero aprovecharon la movilización para brindar apoyo a los manifestantes. En 1965, el ELN realizó el primer atentado a la infraestructura petrolera, con el ataque a un oleoducto de la compañía Cities Services Intercol, cerca de Barrancabermeja.

Este hecho vino acompañado de la primera postura ideológica frente al tema, presentada por el sacerdote Camilo Torres en la plataforma del Frente Unido en ese mismo año, en un texto en el que se buscaba unificar en objetivos concretos a los sectores populares colombianos. Sobre lo relacionado a los recursos naturales y el petróleo se planteaba que su explotación se debía nacionalizar e imponer condiciones para las concesiones a compañías extranjeras.

Según la investigación adelantada por Camilo Echandía para la Fundación Ideas para la Paz, los ataques a la infraestructura petrolera no responden solo a las motivaciones económicas, son más bien objetivos sociopolíticos y tácticas militares.

“Los grupos armados ilegales interactúan con el sector de hidrocarburos a través de secuestros, atentados contra empleados y contratistas, y la extorsión. Sin embargo, los ataques contra la infraestructura petrolera son los que cobran mayor importancia para los actores ilegales, principalmente, las guerrillas de las FARC y el ELN”, afirma.

Los atentados, en muchos casos se leen como el ‘castigo’ por el no pago de extorsiones. Pero, desde otra perspectiva es la reivindicación sus contenido ‘ideológico’ nacionalista, de lucha contra la llegada de las empresas transnacionales y la vulneración de la soberanía nacional, representada en la operación de los grandes proyectos petroleros.