¡Chiribiquete
bajo fuego!

Cada vez que recorro las imágenes cinematográficas del desierto de Arizona, con sus fantasmas de indígenas masacrados, sus leyendas del viejo Oeste, sus carreteras infinitas, pienso en Chiribiquete, que es igual, pero en verde. Un verde que hace toda la diferencia, pues en esta extensa y antiquísima región de la Amazonia colombiana, pariente de la Gran Sabana venezolana, de las Guyanas, del Roraima brasileño, nacen todas las aguas, con nombres hermosos como Itilla, Ajajú, Tunia, Cuñaré, Mesay, Yarí, Inírida, Apaporis. Nombres de ríos que corren por rocas tan antiguas que pueden entrar y salir de ellas como una costura líquida capaz de mantener abiertas las puertas de ese mundo subterráneo por donde sus dueños dejan salir las dantas y los venados, la comida, la vida: todo está pintado en bermejo sobre las rocas, clarito desde hace 12, de golpe, 20.000 años.

Como apenas viví un par de años en el extremo sur de la serranía y conozco mucho menos que otros, para estas palabras pido ayuda a amigos y maestros más avezados que vivieron en medio de Chiribiquete por más de una década como Patricio von Hildebrand. A viajeros de los archivos y del cosmos como Roberto Franco y Patricia Vargas, a pensadores de los petroglifos y las pictografías como Fernando Urbina y a otros chamanes modernos como Carlos Castaño y el maestro Thomas van der Hammen.

Todo el mundo quiere ir a Chiribiquete a leer esa historia, a recibir en la espalda el golpe del agua de las cascadas de color té del Cuñaré porque es el Centro, así, con mayúsculas. Lugar de peregrinación milenaria donde aún habitan pueblos no contactados, donde aún va gente desconocida a pintar las paredes de arenisca en un ritual milenario, donde rondan los espíritus de los carijona. Centro de nacimiento, de cavernas que permiten a los animales poblar la selva y alimentarnos. Centro de la conexión más profunda humanidad-naturaleza. Centro porque allí se concentra y pone a prueba la capacidad de la sociedad colombiana de defender el principio de la supervivencia de lo silvestre, de su belleza amenazada por lo humano en todos los frentes: si fracasamos aquí, todo habrá fracasado, nunca fuimos civilizados.

En Araracuara, el punto más meridional de la serranía, o sobre el Guaviare, el más septentrional, aún se pescan bagres de dos metros. El río Caquetá, que nace al tiempo que el Magdalena, el Cauca y el Patía en el Macizo Colombiano, rompe violentamente las rocas de las montañas amazónicas y en el raudal hace casi inaccesible el resto de la selva al oriente, que protege. Doce pueblos indígenas rodean Chiribiquete, esa cordillera de 600 millones de años que corre desde el sur del departamento del Meta hasta el río Putumayo. Llena la selva de ciudades de piedra, avenidas rocosas transitadas por jaguares, un paisaje de pozas infinitas con peces, ranas y cangrejos difíciles de imaginar desde nuestras ciudades, tantos, tan variados, que contribuyen a hacer de Colombia ese país megadiverso del que todos hablan, pero pocos reconocen.

Esta diversidad existe porque las cascadas en los ríos son obstáculos formidables para la fauna, barreras rocosas que las tortugas charapas o los delfines no franquean, fronteras definidas por los maloqueros del agua para repartir el mundo entre las especies. Todas las aguas de los Andes al Amazonas pasan por Chiribiquete, pero crean un mundo a cada paso.

En lo alto de los tepuyes, las montañas en forma de meseta que persisten tras millones de años de erosión, hay planicies de arenas blancas y pequeños lagos, árboles enanos que apenas pueden enraizar entre la roca, plantas carnívoras de un centímetro, quiches gigantes y vellozias que permiten entender las equivalencias ecológicas que Humboldt describiera en sus hallazgos y que hacen que pensemos en los páramos estando apenas a 400 metros sobre el nivel del mar. Endemismos por doquier: todo es tan antiguo en este archipiélago gigante que cada metro es una nación...

Las expediciones a Chiribiquete se remontan a los años de Richard Evans Schultes, el viajero norteamericano que se hizo amigo de todo el mundo, descubrió el yagé para occidente y aprendió botánica mientras buscaba el caucho. Las personas que han tenido el privilegio de recorrer sus aguas o llegar al corazón de sus misterios no sobrepasan el centenar, sin embargo el narcotráfico sí dejó su huella.

Algo en esto debe ser un mensaje para el planeta, agobiado por el cambio climático y la destrucción de su biodiversidad. Si Chiribiquete existe en Colombia y es una de las últimas inmensidades de lo silvestre, debe ser por alguna razón. Después del océano profundo, nuestra Amazonia es el lugar de vida más importante y desconocido del planeta Tierra, incluso por encima de la Antártida, el Sahara, el Gobi y las tundras de Canadá y la Siberia. Justo en nuestras manos...

Veremos Chiribiquete en La Lindosa, apenas a 20 minutos de San José del Guaviare, en Cerro Azul y Nuevo Tolima, si logramos detener el fuego, la coca y las vacas. La gente de la región aún no cree que unas pinturas indígenas en las rocas sean más importantes que sus asuntos. En el ápice de los tiempos esperamos que el fantasma de Arizona se mantenga lejos de nuestras tierras y que seamos capaces de actuar en consecuencia: hay que mantener lejos el desierto, preconizaba Zaratustra.

Por muchos años la serranía de Chiribiquete solo estuvo en el radar de investigadores y científicos. Pero a partir de 2018 su majestuoso paisaje llamó la atención del mundo entero. Por primera vez un lugar del país recibía de la Unesco el reconocimiento como patrimonio mixto de la humanidad. La joya de la corona, un tesoro de riqueza invaluable: la vida misma.

El gobierno de ese momento, además, aumentó su superficie a 1.486.676 hectáreas, hasta convertirla en el área protegida continental más grande de Colombia con 4.268.095 hectáreas. Sin embargo, esas buenas noticias venían acompañadas del mal sabor de las 219.973 hectáreas de bosque destruidas en el país entre 2016 y 2017, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las mediciones y alertas sobre el aumento de este fenómeno comenzaron cuando Ricardo Lozano fue director del instituto, hoy ministro de Ambiente.

La Amazonia, donde queda el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, concentraba 65 % de la deforestación nacional con 144.000 hectáreas de selva derribadas. En Parques Naturales Nacionales (PNN), la cifra llegó a 12.000 hectáreas. “En julio de 2017, nuestro programa de monitoreo evidenció la presencia de estas actividades ilegales de deforestación en el parque, especialmente en la zona noroccidental, cerca de las sabanas del Yarí”, afirmó el ministro Lozano. Más de mil hectáreas ya se veían devastadas.

Un despropósito ambiental que no se detiene. De esto dan cuenta las alertas tempranas del Ideam. Los informes trimestrales hacen pensar que la tasa de deforestación en 2018 superará con creces la del año anterior. Los últimos datos, emitidos por la entidad de julio a septiembre, mostraban que el principal núcleo de deforestación se centró al occidente del departamento del Guaviare, especialmente en áreas de influencia de la vía Marginal de la Selva.

El Ideam señala que quienes impulsan esta tala indiscriminada buscan principalmente expandir las praderas para apropiárselas y acaparar las tierras para ganadería. César Humberto Meléndez, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), también denuncia esos motores de deforestación. Para él, actores externos a la zona suelen financiar estas actividades y ven en la posesión de la tierra y el cambio de su uso la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de los bosques naturales.

Esas acciones también abarcan ampliar ilegalmente la infraestructura vial, extraer madera y cultivar coca, lo cual contribuye a su vez a poner en jaque a este ecosistema estratégico que alberga el patrimonio de la humanidad.

Semana Sostenible y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sobrevolaron Chiribiquete y vieron de primera mano la tala y las quemas que afectan el parque y su área de influencia. Esa zona alcanza los 2.694.000 hectáreas y comprende puntos conocidos como Bajo Itilla, Miraflores-Girisa; Medio Itilla, Puerto Polaco; Alto Itilla, Cristalina; Chuapal; Tortugas y Manaviri; Angoleta; Yaguará II; Alto Camuya; Ciudad Yarí y Bajo Caguán.

La tierra, el centro de la disputa

La tenencia de la tierra siempre ha estado detrás de actividades como ganadería, cultivos ilícitos, minería ilegal, extracción de madera, construcción de vías. Implica acaparar una zona sin importar que sea rica en diversidad biológica y minerales, todo a costa de su ubicación estratégica conectada con otras regiones de Colombia y otros países.

Como una táctica, tumban los bosques y los queman a sabiendas de que es un delito, para luego ocupar los territorios. Esto a pesar de la protección que brinda ser un Parque Nacional Natural, y de que el 12 % del territorio amazónico constituye una reserva forestal de ley segunda, no sobrepuesta con otras figuras de protección. De poco sirve en la práctica esa medida de conservación orientada a desarrollar la economía forestal y a proteger los suelos, las aguas y la vida silvestre.

Que algunos acaparan tierras en el Guaviare y Caquetá, los departamentos de Chiribiquete, es un secreto a gritos. Las autoridades ambientales, la Fiscalía, la Procuraduría, gremios como el de la palma y el ganado, la Fuerza Pública, Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente y Defensa y hasta la misma Agencia Nacional de Tierras lo saben y lo reconocen. La Agencia de Renovación del Territorio habla de la ausencia de un catastro rural actualizado que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca. Las notarías de los municipios de la zona también deberían ser intervenidas, pues como manifiesta Carlos Olaya, investigador de Dejusticia, “en el Guaviare existen dispositivos informales para defender las compras de tierras frente a actores regionales, ya sean autoridades locales u otros acaparadores; lo que podría verificarse con un examen escalonado: revisar primero las oficinas de instrumentos públicos, por si se están validando negocios ilegales sobre figuras de protección agraria o ambiental; luego, las notarías, para no descartar que se esté optando por una formalidad incompleta al registrar las compras de tierras solo ante estas instituciones; y así sucesivamente hasta llegar a contratos de documentos que no reposen en ninguna oficina estatal”.

El coronel Federico Mejía, comandante de la Brigada 22 de Selva, dice que se trata de mafias. “Los campesinos no tienen plata para pagarle a cien motosierristas”, afirma. Lo respalda Meléndez, director de la CDA: “Esa gente llega con grandes capitales desde fuera del departamento. Contratan campesinos y cuando llegan los operativos, solo caen estos, no los autores intelectuales ni los financiadores”, sostiene.

Caminos destructores

El desarrollo vial detona la especulación de tierras en esta zona. “En cuanto la gente oyó sobre la Marginal de la Selva tuvimos, en menos de cinco meses, una deforestación de 2.000 hectáreas en las áreas aledañas”, recuerda Meléndez.

La Marginal de la Selva forma parte del Plan Maestro Intermodal de Transporte (PMIT) y busca conectar a Colombia con Ecuador y Venezuela. Según estudios de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afectaría directamente los sectores de Yaguará, Angoleta y Chuapal –área de influencia de Chiribiquete– e incluso sectores de los ríos Tunia e Itilla.

El gobierno Santos suspendió su construcción. En su momento, el propio presidente la consideró contraproducente para el medioambiente y la obra quedó en standby. Al consultar al actual vicepresidente de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, afirmó que el Invias no tiene presupuesto suficiente para desarrollar varias vías como la Marginal. “Hay proyectos detenidos, pero esto no quiere decir que no se vayan a hacer”, dijo en referencia a esta troncal.

Construir vías en el Guaviare no es fácil, pues la mayor parte de su territorio es reserva forestal. Sin embargo, las Farc abrieron varias trochas. Una de ellas lleva de Calamar a Miraflores. Según la Agencia de Renovación del Territorio, esta institución no autorizó ninguna adecuación a esta carretera. Aunque aparecía en el plan 50x51 o de vías terciarias para la paz, el Ministerio de Ambiente la señaló de improcedente, pues estaba en una área de reserva.

Esta vía, sin embargo, mejoró sus condiciones. Y, según Meléndez, todo indica que algunos entes territoriales la ampliaron y al hacerlo destruyeron bosque primario en zona de reserva de ley segunda, sin permiso ambiental alguno. “Ya hay investigaciones penales y sancionatorias en proceso”, afirmó.

La Procuraduría General de la Nación adelanta una de esas investigaciones contra el gobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry. De acuerdo con lo indicado por un funcionario de la entidad, en octubre pasado comenzó el proceso que debe mostrar resultados en abril de este año. “Adelantan las pesquisas alrededor de temas como una carretera que el señor está promoviendo y unos cultivos de palma. Esta es una colonización brava, que además justifica públicamente diciendo que el Guaviare tiene muchos campesinos y tiene derecho a desarrollarse”, agregó un funcionario de la entidad.

No solo estas vías amenazan la conservación de Chiribiquete. A finales de 2018 apareció en el parque una carretera de unos 75 kilómetros. El hecho aumentó la alarma en PNN e hizo que su directora, Julia Miranda, solicitara con urgencia un operativo conjunto con la Fuerza Pública. “Desde diciembre le he pedido al general Carlos Moreno, del Comando Unificado del Ejército, que hagan algo. Ya hay una casa junto a esa carretera y eso se nos puede llenar de más gente y de ganado”, afirmó.

El general, por su parte, respondió que cerca de ese lugar desarrollaron la operación Zeus, que dio de baja a alias Cadete, exjefe de las Farc y cabecilla de las disidencias. “Esto implica hacer una operación más elaborada, incluso mandar tropa adelante, porque podríamos poner en riesgo la integridad de las personas que vayan”, dijo.

El coronel Mejía respaldó esta versión. Asimismo, manifestó que la logística para este operativo requiere un buen presupuesto, pues implica horas de vuelo que en este momento no tienen. “Quién va a pagar esas horas... Cómo garantizamos que allá no hay gente, campesinos, niños… Además, hay una debilidad en el sistema judicial y es que a quienes capturemos, si lo hacemos, van a estar libres en tres horas”, afirmó.

Una falla en el sistema

El coronel puso la lupa en otra rueda de este engranaje, en lo que muchos coinciden: la debilidad del poder judicial. “Los jueces no tienen el conocimiento suficiente. Les ponen un comparendo ambiental, y listo. Es un delito excarcelable. No hay temor alguno, no se les presiona para que den información”, agregó Mejía.

La Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de ocho fiscales especializados para coordinar acciones y afectar a las estructuras criminales responsables de la tala indiscriminada de bosque en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta. Pero la autoridad ambiental y entidades como Parques sienten que falta mucha más celeridad en las acciones y fuerza en las penas.

A octubre de 2018, la Fiscalía había judicializado por deforestación unas 60 personas en la Amazonia colombiana. Esto no significa cárcel, sino cargos, multas y medidas no privativas de la libertad. Consultamos a esta entidad para conocer las cifras más recientes y el estado de estos procesos, sin respuesta.

Miranda, Meléndez y el coronel Mejía coinciden en que falta mayor articulación. Si bien existe un protocolo interinstitucional de lucha contra la deforestación, que incluye la coordinación de información entre el Ideam, el CTI-Fiscalía, Policía y las Fuerzas Armadas en sus componentes de inteligencia e investigación, en muchos casos la autoridad ambiental no puede llegar a hacer peritaje sobre algunos operativos, pues no tiene los recursos económicos para desplazarse. La Fuerza Pública dice enfrentar una situación similar, y de hecho esgrime –entre otras– esa excusa frente a la acción esperada en Chiribiquete.

Sin embargo, la CDA ha impuesto alrededor de 40 sanciones ambientales. Tomaron como referencia las alertas tempranas que enciende el Ideam. “Tenemos expedientes con cosas monstruosas, como deforestación de 400 y hasta 600 hectáreas”, afirmó su director Meléndez.

El funcionario también advirtió que ellos expiden su concepto técnico y generan multas que pueden llegar hasta los 2.500 millones de pesos, pero que el proceso, sin embargo, se demora demasiado para tener consecuencias. “Todo es tan lento que el congelamiento de bienes que debería suceder inmediatamente se da solo al final. Mientras tanto, la persona se declara insolvente y muchas multas solo quedan como un saludo a la bandera”, agregó.

Media vaca por hectárea

En medio del debate sobre a quién corresponde hacer frente a la deforestación, miles de cabezas de ganado se desplazan por vías legales e ilegales hasta lo más profundo de la selva, incluso hasta el propio Chiribiquete. “La principal amenaza que tienen nuestros parques en esta región es la ganadería”, dijo Miranda.

La Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), sin embargo, afirmó que no tiene funciones de control directo en los territorios afectados por la deforestación. Pero aclaró que sí han dado los lineamientos específicos acerca de dónde es posible desarrollar proyectos agropecuarios, es decir, juiciosamente. Y en conjunto con el Ministerio del Ambiente han marcado frontera agrícola en la Amazonia.

De esta forma, el área para cultivar y tener ganado en esta región (Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo) alcanza alrededor de 6,8 millones de hectáreas. Según Fedegán, la productividad en esos departamentos tiene indicadores de 0,5 animales por hectárea. Al hacer la proporción entre cabezas de ganado, animales por hectárea y área destinada a actividades pecuarias, queda claro que hay bovinos en terrenos con vocación forestal.

El ejemplo más claro aparece en San Vicente del Caguán. Según la Upra, este municipio caqueteño tiene 305.190 hectáreas destinadas a actividades agropecuarias. A 2018, tenía 831.586 cabezas de ganado en 5.854 fincas, 2.555 con áreas de hasta 500 hectáreas. Esto significa que solo con estas fincas, sin contar las más pequeñas, el área destinada a ganadería excede 972.310 hectáreas de la zona de frontera.

El ICA y Fedegán confirmaron que, a 2018, aumentó en un 40 % el número de predios y un 50 % el número de cabezas de ganado en municipios de Caquetá y Guaviare. Entre estos aparecen Solano, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Calamar y el Retorno, entre otros.

Por esta y otras razones, Julia Miranda, directora de Parques, llama la atención sobre la cadena productiva de lácteos y cárnicos. “La pregunta también es cuáles empresas compran esa leche y esa carne, y cómo le hacen seguimiento a su materia prima”, dijo.

Nestlé es una de ellas. Lleva años en la zona y en Florencia tiene una planta que procesa precondensado de leche y compra el producto en algunos municipios del departamento. Sin embargo, afirma aplicar un proceso de selección para los ganaderos que incluye presentar un certificado del ICA que acredite que el predio donde tienen los animales corresponde a un terreno pecuario.

Por su parte, Karol Milena Villamil, gerente de Gestión Ambiental de Alquería, afirmó que ellos solo compran leche eventualmente en la región y que no tienen proveeduría directa.

Algunos actores señalan la palma de aceite como otro motor de deforestación. Sin embargo, Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma, manifestó que investigan, de la mano de la Upra y otras entidades estatales, si algunos cultivos que aparecieron en el Guaviare, específicamente en un área conocida como Sabanas de Fuga, están dentro de la frontera agrícola o en zona de reserva forestal.

Otras presiones

Sin duda, los cultivos de coca impulsan la destrucción de los bosques. Según el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, 70 % de la deforestación proviene de actividades ilícitas e ilegales. “En 2017, la deforestación asociada a cultivos de coca en Colombia alcanzó 24 % del total. Es decir, por coca se talaron 137 hectáreas diariamente de bosque natural. Esto equivale a 161 canchas de fútbol sembradas con coca en ecosistemas estratégicos”, dijo.

Y agregó que este gobierno evidenció lo que estaba sucediendo. “Desde el sistema de monitoreo del Ministerio de Ambiente e Ideam mostramos un crecimiento de 30 % de hectáreas deforestadas asociadas a cultivos de coca. Pasamos de tener 38.391 hectáreas deforestadas en 2015, a 47.463 hectáreas en 2016 y 49.416 hectáreas en 2017 por esta misma causa”, afirmó Lozano.

La posibilidad de sustraer áreas de reserva forestal para desarrollar proyectos mineros y petroleros también amenaza en forma latente a la Amazonia y Chiribiquete. El área ampliada del parque y su zona de influencia no tienen bloques petroleros en explotación, pero sí la figura de planificación e interés para la exploración de ese sector productivo.

Pasa exactamente lo mismo con las áreas estratégicas mineras (AEM) definidas por la Agencia Nacional de Minería. Este ente tiene una expectativa de hacer exploración y explotación en el Guaviare.

Un problema de Estado

Este panorama deja sobre la mesa un fenómeno que amenaza Chiribiquete, patrimonio de la humanidad, pero que se extiende por la Amazonia colombiana. Un problema que pasó de la cartera de Ambiente para convertirse en un tema de Estado, que requiere la cooperación y coordinación de poderes. Existe la Comisión Intersectorial contra la Deforestación, que hoy preside el Ministerio de Ambiente, en la que se están coordinando esfuerzos para enfrentar este asunto.

Frente a las críticas, el ministro Lozano dijo: "Este gobierno se ha propuesto como meta detener y controlar la creciente tasa de deforestación de bosques naturales, que entre 2015 y 2016 se incrementó en un 43 %, entre 2016 y 2017 aumentó en un 23 %, y seguramente esa misma tendencia se presentó en 2018. Es decir, aproximadamente 260.000 hectáreas por año, de acuerdo a los últimos análisis del Ideam; pese a que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 se propuso reducir esa tasa a 90.000 hectáreas por año, el resultado fue contrario: se incrementó en esos porcentajes anteriormente descritos.

Una vez controlada esta tasa, se propone reducirla anualmente, a medida que se van implementado los cuatro pilares del plan de acción de lucha contra la deforestación: combatir la ilegalidad, implementar alternativas productivas que le permitan a las comunidades vivir sin deforestar, fortalecer la información para la adjudicación de tierras rurales y el monitoreo permanente con predicciones que nos ayuden a adelantarnos al incremento de este flagelo.

Lo que necesita el país es que nos planteemos metas verdaderas, reales y cumplibles. En años anteriores, se propuso reducir la deforestación y no ocurrió.

Nosotros vamos a reorientar esta política con la definición de metas reales que buscan quebrar esta tendencia ascendente, frenando su crecimiento y reduciéndola anualmente mediante inversiones estratégicas locales e intervenciones dirigidas a lograr la meta de reducción que todos los colombianos queremos".

El PND aún hace tránsito en el Congreso. Los debates continúan a la par que las talas y quemas del bosque amazónico. El área de influencia de Chiribiquete trata de resistir el paso gigante de la deforestación, pero esta riqueza natural y cultural del mundo sigue en peligro. Todos tenemos la responsabilidad de conservarla.

Las zonas que rodean Chiribiquete tienen un común denominador: son las más alejadas de los centros poblados, padecen una ausencia institucional aguda y empiezan a evidenciar el crecimiento de grupos disidentes de las Farc en su borde. En algunas áreas, ya no es clara la diferencia entre los lugares que están controlados por la disidencia y los grandes latifundios de bandas criminales. Parecería que alianzas antes impensables hoy maduran al calor de la selva.

La gobernabilidad en estas áreas está seriamente vulnerada. Las poblaciones allí presentes reconocen otro statu quo, y en general, les resulta extraño ese lenguaje institucional y esa normatividad invocada a la hora de buscar su participación en la búsqueda de soluciones. Es como si cada uno viera en mundos diferentes: la institucionalidad reclama la adopción de leyes, normas, planes, proyectos, y la gente exige una transformación de sus territorios para poder transitar hacia la legalidad.

Alguna vez, acompañando el proceso de ampliación de Chiribiquete, estaba en una reunión en una vereda lejana. Alguien preguntó qué pensaba del proceso de paz y le dije que creía sería benéfico para estas regiones. Una señora entrada en años, de quien sabía que tenía un hijo combatiente en la guerrilla, me dijo que ella no quería ese acuerdo. “Aquí necesitamos un grupo enfierrado, sea de izquierda o de derecha. Que diga por dónde caminar, que limpie esto de ratas, que dé los permisos para tumbar y hacer finca; que sepa mandar”.

Esta anécdota permite entre ver lo que hay más allá de la deforestación: un urgente ejercicio de gobierno. En el que la conservación de los bosques resulte de la presencia integral de todas las agencias. En el que el ejercicio de los derechos de ciudadanía sirva de punto de encuentro de estas poblaciones con el marco legal del Estado.

Un Estado que oriente la colonización

El tema central que subyace en la deforestación de la Amazonia, y en particular alrededor de Chiribiquete, es la apropiación de las tierras baldías. Con un retraso histórico de décadas en la asignación de derechos de propiedad y uso del suelo, ha sucedido una “tercerización” en actores ilegales (caso guerrillas y disidencias) y entes territoriales, municipales o departamentales. Para el primer caso, la asignación y permisos para acceder a tierras ha sido parte del quehacer histórico de estos grupos, lo que ha permitido a la población reconocer en estos actores una solución a sus necesidades de derechos sobre la tierra.

Por otro lado, los entes territoriales, por medio de la formalización de las veredas, han tenido un instrumento valioso para utilizar esta figura como una unidad de planificación de la inversión pública, que llega a la gente local sin que medie una titulación previa. En ambos casos, y no con poca razón, las consideraciones de restricción de uso del suelo no han sido determinantes al generar esta “ordenación de la tenencia” en esas zonas.

En uno y otro, grandes zonas de acaparamiento se ven favorecidas por la inexistencia de restricciones al tamaño y uso de los predios que adquieren en el mercado informal. Entonces, es claro que se requiere una aparición contundente del Estado para liderar el proceso de formalización de la propiedad, en el que los derechos de la gente se vean reconocidos y la institucionalidad pública oriente el poblamiento. El tamaño, uso del suelo y localización de los predios formales son un imperativo para romper el dominio del mercado informal de tierras que hoy acecha Chiribiquete.

Los derechos de uso del bosque en las reservas forestales son una oportunidad y una alternativa de gran importancia para darle salida a la presión sobre las tierras. Las iniciativas de forestería comunitaria alrededor de Chiribiquete pueden solucionar las necesidades de muchas comunidades que habitan zonas inadjudicables, pero con potencial de uso forestal no maderable y maderable, para también garantizar formas de manejo y administración territorial que devuelva la gobernanza a las comunidades locales, al permitir un vínculo totalmente diferente con el Estado y promover su participación en el ejercicio de gobierno local.

Si bien hoy el Ministerio de Ambiente avanza en proyectos piloto, se hace necesaria una propuesta general para este borde de colonización, que aún puede albergar casi un millón y medio de hectáreas de bosques.

La economía local se requiere con urgencia; un mercado que rompa la hegemonía de la ganadería y la coca en esas zonas en las últimas décadas. Esta región tiene un potencial turístico enorme y supera con creces lo que ofrece el modelo ganadero convencional. En áreas como La Lindosa, el río Guayabero, las sabanas del Yarí, el río Itilla, los cerros del Capricho, las lagunas del Guaviare, por solo mencionar algunos casos, hay una oferta ambiental única. Los paisajes, biodiversidad, vestigios arqueológicos, senderos de caminantes, áreas de pesca deportiva, avistamiento de aves pueden ser una opción real con un impulso decisivo de política pública y asociación entre comunidades e inversionistas que tienen demanda en múltiples partes del mundo. Experiencias que incluyen excombatientes, comunidades indígenas, campesinos y grupos de investigación empiezan a germinar, aún de manera espontánea y a veces desordenada. La presencia de turismo internacional cada vez mayor demuestra que allí hay un interés que tiene un tiempo finito de ser organizado, antes de que los valores ambientales y arqueológicos desaparezcan. La investigación entre científicos y sabedores locales abre un universo de posibilidades de un nuevo modelo de desarrollo para la región. Chiribiquete merece ser el centro de investigación más importante de la Amazonia colombiana.

La aplicación de la ley y la justicia

Durante años los funcionarios ambientales han solicitado el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública. Respuestas destempladas se han escuchado como: “¿Tiene gasolina para hacer un vuelo?, ¿me pueda dar coordenadas para ver dónde es eso?, ¿cuál es el problema con unos arbolitos?”. Cada periodo de mando trae consigo un director que cambia de prioridad y funcionario, según su criterio.

Además de la falta de articulación, la legislación está desactualizada y no pondera los crímenes ambientales. Gran tarea que el Congreso y el Ejecutivo podrían liderar en esta legislatura.

Mientras tanto, no se puede continuar mostrando como éxito la captura de motosierristas o cuidanderos de finca. El desafío es dar con los responsables de conspirar, financiar y apropiarse de los baldíos de la Nación; de destruir la reserva forestal de la Amazonia y un parque patrimonio de la humanidad. El desafío es recuperar la confianza de la población en que el ejercicio de la justicia es ponderado y empieza por los grandes delincuentes, y no por la gente del común. El desafío es no hacer operativos puntuales y salir corriendo; es hacer presencia territorial permanente. ¿Será mucho pedir? No se requiere desarrollar un modelo como el Simav de Brasil, pues la información en tiempo real ha llegado a quienes corresponde. Esta es una responsabilidad que ha sido evadida por una combinación aparente de incompetencia y desprecio por lo ambiental. Pero lo que hay en juego es mucho más que eso.

El sector privado

Tres sectores tienen una incidencia importante en el presente y futuro de Chiribiquete: el ganadero, el palmero y el de transporte (asociado a su vez con el de hidrocarburos).

El incremento en los últimos tres años de más de 550.000 cabezas de ganado (datos ICA 2018 y análisis FCDS) en los municipios que hay alrededor de Chiribiquete coincide con el incremento en el área deforestada en esa zona. Claramente hay una desarticulación entre la promoción de la actividad, la comercialización de productos y su relación con el área de origen de estos. A la fecha, no se ha podido conciliar la definición de una frontera de ampliación ganadera, la cual debe ser el primer aspecto en la adopción de buenas prácticas y condiciones habilitantes para la comercialización de productos en condiciones de sostenibilidad. El mercado tiene que premiar o castigar el origen de los productos, y en el caso del sector ganadero es apremiante. Esta es una deuda enorme que debe empezar a remediarse.

El sector palmero ha dado un paso importante. Por ejemplo, Fedepalma señala que no es de su interés ampliar la frontera agropecuaria en la Amazonia ni establecer cultivos en áreas de restricción ambiental. Sin embargo, vemos que hay inversionistas no asociados que ven en las zonas de La Fuga, el Guayabero y el Yarí una oportunidad para su expansión. Esto pone una presión adicional sobre el mercado informal de tierras que se traduce en presión sobre los bosques de la reserva forestal y de Chiribiquete. Estas presiones, de manera sinérgica con el efecto del proyecto Marginal de la Selva, han disparado la más alta tasa de deforestación regional. De nuevo, sin catastro, formalización y aplicación de la ley será complejo detener esta expectativa, como ya ocurrió hace una década en la región del bajo Ariari, entre Granada y San José del Guaviare. Ojalá aprendamos como país que del ordenamiento de la propiedad en zonas amortiguadoras depende, en gran medida, la salud de sus parques.

Al sector transporte le llegó la hora de definir hasta dónde es apropiado seguir extendiendo la red vial, dónde consolidarla y abandonarla. Las buenas prácticas de infraestructura implican no solo técnicas de ingeniería, sino también de planeación del paisaje. Asimismo, establecer la resiliencia de los ecosistemas a la densidad vial y generar trazados con criterios que van más allá del derecho de vía. Pensar la infraestructura verde como oportunidad económica y no como costo adicional. Funcionarios juiciosos de los ministerios de Ambiente y Transporte han venido construyendo unos lineamientos de infraestructura verde para carreteras, y podría ser este el momento en que estos sean propuestos para su implementación en la periferia de Chiribiquete.

Los procesos de exploración para producción minero-energética que se vayan a desarrollar a futuro en la zona de influencia de Chiribiquete deberán empezar por una consideración: eliminar en todas las fases del proceso la construcción de trochas y vías que puedan permitir migración y poblamiento en área boscosas. La construcción de plataformas off shore in land han sido desarrolladas en los países vecinos de la cuenca amazónica. El turno es para Colombia, para lo cual Anla tiene la palabra.

Los resguardos y los aislados

Alrededor de Chiribiquete hay resguardos indígenas que están siendo amenazados y cuya desprotección está abriendo un enorme frente de colonización hacia el parque. A pesar de haber sido impuestas algunas medidas cautelares para la restitución de este territorio a las comunidades del resguardo Yaguará, a la fecha no ha sido posible detener la ocupación ilegal, así como tampoco la creación y el registro de nuevas veredas campesinas en ese territorio. Se requiere el liderazgo del Ministerio del Interior, de la Agencia de Restitución de Tierras y de la Agencia Nacional de Tierras, entre otras, para que esta población pueda retornar a la zona.

Aún más preocupante es la situación que se presenta respecto a las zonas de movilidad de pueblos en aislamiento voluntario, en particular aquellos que se encuentran sobre la zona occidental del parque, donde se presentan señales no solo de deforestación y colonización, sino también de construcciones viales bajo el bosque, que indican la movilización de grupos armados.

Es de recordar que cualquier contacto no deseado con indígenas en aislamiento puede concluir en su desaparición, como ha sido reportado en diferentes casos en la Amazonia continental. Solamente una acción permanente de la Fuerza Pública para disuadir los intentos de ingreso a los territorios de aislados podrá reducir el riesgo de que Colombia vuelva a experimentar un etnocidio como el que se ha dado en pocas décadas con el pueblo nukak.

Rodear el sector ambiente

El sector ambiental del gobierno está en el ojo del huracán, a pesar de que la deforestación es el resultado de la falta de coordinación y consistencia de un Estado, que durante décadas ha promovido unas formas de desarrollo económico ajenas a la biodiversidad. Así también, la “tercerización” no explícita en el control territorial ha dejado abierto el mercado informal de tierras como combustible del acaparamiento, y permitido que formas de gobierno local muy pobres y con frecuencia corruptas perpetúen la conformación de un territorio con gobernanza diferenciada del resto del país. En este contexto, se le pide a las autoridades ambientales “hacer cumplir la ley”. Aun a costa de la muerte, intimidación, desplazamiento, y otros impactos, de sus funcionarios.

Es el momento de repensar el modelo, pues ni Chiribiquete, ni las poblaciones campesinas o indígenas, ni el desarrollo económico legal están funcionando. Es tan claro como que si no hacen vinculantes las responsabilidades de cada sector, público o privado, para la conservación de este territorio y el desarrollo legal de sus comunidades, podemos anticipar que además de la pérdida de un patrimonio de la humanidad estaremos recreando nuevos ciclos de violencia que se pueden ampliar a todo el país.